El presidente de la Generalitat, Francisco Camps, se acercó ayer a la prensa por primera vez desde el accidente de metro, tras dos semanas rehuyendo las preguntas de los periodistas, para referirse a la tragedia ocurrida en la Línea 1 -en la que 43 personas perdieron la vida-, y a sus expectativas respecto a la comisión de investigación que se aprobó en el pleno del pasado viernes.
El jefe del Consell pidió «rigor y transparencia» a la comisión que el parlamento constituye hoy mismo. Pero insistió en todo momento que la empresa «ya ha emitido dos dictámenes importantísimos» a través del comité de seguridad en la circulación, y que esos informes son los que «más peso» tendrán. El primero de los dictámenes a los que se refirió Camps vincula el accidente al fallo humano: «El exceso de velocidad al que no encontramos explicación nos hace sospechar que el maquinista del tren pudo sufrir alguna indisposición», rezaba el escueto comunicado de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV). El segundo, emitido el pasado viernes, establece que la Línea 1 «es segura».
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El PP de Aznar cortó la ayuda estatal a FGV
Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana no recibe fondos del Gobierno central desde el ejercicio de 2003, un año después de que expirase el contrato programa que regulaba las aportaciones de la Administración central y autonómica para sanear la empresa pública. La última aportación del Ejecutivo fueron los 13,7 millones que dio a FGV en 2002, primer año transcurrido tras el vencimiento del documento. Desde entonces no ha vuelto a consignar fondos para la red de metro de Valencia. Desde que en 2001 finalizó la vigencia del contrato, el Consell y el Ejecutivo central no han logrado alcanzar un acuerdo nuevo, a pesar de que el que expiraba incluía una cláusula que preveía su continuidad y de que hasta marzo de 2004 ambas administraciones estaban gestionadas por el PP.
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