El Ayuntamiento de La Vila Joiosa, gobernado con mayoría absoluta por el PP, culminó hace un año una operación de permuta por la que se desprendió de una parcela municipal en primera línea de playa con una edificabilidad de 10.109 metros cuadrados de techo a cambio de dos terrenos catalogados en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) como rehabilitación y reforma del medio urbano, con destino dotacional perteneciente a la red pormenorizada. Este segundo solar está clasificado exclusivamente como zona verde, sin posibilidad de edificar.
Una de las dos parcelas que la promotora, la mercantil Valdeprocasa, SL, incluyó en su oferta de trueque fue adquirida meses antes por otra sociedad, la firma Birmigan Inversiones, Sl, del empresario Antonio Solana. El objeto social de esta segunda empresa es exclusivamente la construcción de viviendas, pese a conocer, que de acuerdo al PGOU, en la zona no se podía edificar. El Ayuntamiento autorizó la permuta en base a la valoración realizada por la arquitecta municipal, que multiplica por seis el precio en el mercado de una de los terrenos.
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viernes, noviembre 03, 2006
El Consell anuncia que reconsiderará el plan del Manhattan de Cullera
El conseller de Territorio y Vivienda, Esteban González Pons, manifestó ayer que el Manhattan de Cullera -el controvertido plan para levantar 33 torres de hasta 25 plantas junto a la desembocadura del Júcar- «necesita una ´pensada´ supramunicipal» a la luz de los criterios políticos emanados de la ley autonómica de Protección del Paisaje, aprobada en 2004. El titular de política urbanística evitó comprometerse con el proyecto aprobado por el pleno de Cullera -encabezado por el PP- y, más bien, marcó las distancias. Abundó así en la idea expresada el día anterior de que el Consell «va a observar la ley escrupulosamente», a lo que agregó que «aquello que siendo legal no resuelva los problemas que plantee no debería seguir adelante».
González Pons subrayó que los proyectos de actuación han de ser «consecuentes» con la «planificación regional» del territorio. «La Comunidad Valenciana no puede ser un mosaico de planificaciones municipales superpuestas», aseguró a preguntas de los periodistas antes de firmar un protocolo de colaboración con la Conselleria de Bienestar Social.
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González Pons subrayó que los proyectos de actuación han de ser «consecuentes» con la «planificación regional» del territorio. «La Comunidad Valenciana no puede ser un mosaico de planificaciones municipales superpuestas», aseguró a preguntas de los periodistas antes de firmar un protocolo de colaboración con la Conselleria de Bienestar Social.
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Xàbia: La Policía cierra el vertedero ilegal tras meses de quejas vecinales
Las protestas de los vecinos han surtido efecto. Tras meses de batalla, los vecinos de las partidas de Catarroges, Ribes y Fontanelles han conseguido que el Ayuntamiento de Xàbia clausure el vertedero ilegal que funcionaba junto al cauce del río Gorgos. Primero el alcalde, Eduardo Monfort, ordenó el cese de la actividad en este vertedero, pero los residentes de la zona consideraron que esa medida no era suficiente y pidieron el precinto. El pasado 18 de octubre el alcalde firmó la resolución que supone la clausura de este basurero de residuos de obra, enseres domésticos y restos verdes. La Policía Local procedió entonces a precintar los terrenos.
Los accesos al vertedero están ahora cerrados con vallas, cadenas y con el precinto de la policía. Sin embargo, dentro todavía hay bastante basura. La empresa que creó el vertedero debe retirar toda la basura y regenerar la zona. Esta mercantil siempre ha argumentado que utilizaba este terreno como una especie de planta de transferencias donde acumular y separar los residuos para luego trasladarlos a vertederos autorizados.
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Los accesos al vertedero están ahora cerrados con vallas, cadenas y con el precinto de la policía. Sin embargo, dentro todavía hay bastante basura. La empresa que creó el vertedero debe retirar toda la basura y regenerar la zona. Esta mercantil siempre ha argumentado que utilizaba este terreno como una especie de planta de transferencias donde acumular y separar los residuos para luego trasladarlos a vertederos autorizados.
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Elche: El Consistorio decide revisar el catálogo de edificios protegibles
El Ayuntamiento de Elche ha aceptado, a sugerencia del Colegio de Arquitectos de la Provincia de Alicante, revisar el Catálogo de Edificios Protegibles, incluido en el Plan General de Ordenación Urbana, (PGOU), un documento que se considera que está desfasado y que necesita de una actualización, así como contemplar aspectos que no fueron tenidos en cuenta en el momento de su elaboración, a mediados de la década de los años 80, y posteriores revisiones.
El concejal de Urbanismo, Emilio Martínez, afirmaba sobre esta cuestión que «vamos a mantener una reunión antes de Navidad para modificar el catálogo de edificios protegibles. La propuesta ha venido del Colegio Provincial de Arquitectos y se trata de depurar el actual documento urbanístico».
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El concejal de Urbanismo, Emilio Martínez, afirmaba sobre esta cuestión que «vamos a mantener una reunión antes de Navidad para modificar el catálogo de edificios protegibles. La propuesta ha venido del Colegio Provincial de Arquitectos y se trata de depurar el actual documento urbanístico».
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Alicante: Esquerra Unida exigirá responsabilidades por el «pelotazo» de la urbanización El Plantío
El candidato de Esquerra Unida a la Alcaldía de Alicante, José Antonio Fernández Cabello, advirtió ayer de que esta formación política «buscará responsabilidades» a raíz de que el Tribunal de lo contencioso-administrativo de Alicante ordenara paralizar las construcción de 204 apartamentos turísticos en El Plantío.
«Hace unos seis meses ya advertimos de que las obras que se estaban ejecutando no se ajustaban al proyecto inicial y la concejala de Urbanismo sólo ha paralizado las obras cuando ha visto que se le venía todo encima», apuntó el portavoz de EU, quien lamentó la tardanza en resolver el contencioso por parte de la Justicia. «La obra ya está muy avanzada y esa perversión produce que vayamos ya a hechos consumados», apuntó Cabello. También reclamó la dimisión de Sonia Castedo y advirtió de que «aquí hay unas responsabilidades políticas claras, independientemente de que el tema haya ido por lo contencioso y no por lo penal».
Por su parte, el portavoz de Vecinos por Alicante, José Luis Valdés, se sumó a las peticiones de dimisión de la concejala por haber rechazado en el pleno la paralización de las obras, alegando que «todo era correcto cuando en sólo unos días el juez le ha dicho que son ilegales». Valdés acusó a los populares de «estar defendiendo siempre intereses espurios».
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«Hace unos seis meses ya advertimos de que las obras que se estaban ejecutando no se ajustaban al proyecto inicial y la concejala de Urbanismo sólo ha paralizado las obras cuando ha visto que se le venía todo encima», apuntó el portavoz de EU, quien lamentó la tardanza en resolver el contencioso por parte de la Justicia. «La obra ya está muy avanzada y esa perversión produce que vayamos ya a hechos consumados», apuntó Cabello. También reclamó la dimisión de Sonia Castedo y advirtió de que «aquí hay unas responsabilidades políticas claras, independientemente de que el tema haya ido por lo contencioso y no por lo penal».
Por su parte, el portavoz de Vecinos por Alicante, José Luis Valdés, se sumó a las peticiones de dimisión de la concejala por haber rechazado en el pleno la paralización de las obras, alegando que «todo era correcto cuando en sólo unos días el juez le ha dicho que son ilegales». Valdés acusó a los populares de «estar defendiendo siempre intereses espurios».
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Alicante - Ciudad de la Luz: El PSOE advierte de que los platós acuáticos formarán una enorme pantalla visual
El proyecto para construir los platós acuáticos de Ciudad de la Luz en el litoral de Agua Amarga supondrá la creación de una enorme pantalla visual, ya que el proyecto de edificios e instalaciones previsto ocupará cerca de seis hectáreas y prevé un edificio de unos 19 metros de altura -lo que equivale a ocho plantas- además de una torre de 50 a 75 metros de altura, entre otros elementos. Así lo ha denunciado la concejala socialista Antonia Graells en las alegaciones que ayer presentó contra el citado proyecto.
La edil advierte de que el complejo cinematográfico ocupará la línea de costa y se adentrará en el mar «provocando previsiblemente un efecto de gran impacto visual» y «quebrando irremediablemente la continuidad territorial de la fachada litoral sur del municipio». También destaca se impedirá de forma duradera o para siempre «la posibilidad de un futuro paseo marítimo continuo, ininterrumpido, que embellezca, vertebre y garantice la mayor utilidad pública del litoral sur de Alicante».
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La edil advierte de que el complejo cinematográfico ocupará la línea de costa y se adentrará en el mar «provocando previsiblemente un efecto de gran impacto visual» y «quebrando irremediablemente la continuidad territorial de la fachada litoral sur del municipio». También destaca se impedirá de forma duradera o para siempre «la posibilidad de un futuro paseo marítimo continuo, ininterrumpido, que embellezca, vertebre y garantice la mayor utilidad pública del litoral sur de Alicante».
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Alicante: El aval frena que Valdés y EU sean parte en el caso de los aparcamientos
El juez que investiga las presuntas irregularidades en las mejoras concedidas a Enrique Ortiz en la construcción y explotación de los aparcamientos de Catedrático Soler, Padre Esplá y Hermanos López de Osaba ha impuesto al dirigente vecinal que denunció el caso en Fiscalía, José Luis Valdés, y a EU sendas fianzas de 18.000 € y 30.000 € respectivamente como condición para permitirles personarse en el caso. El aval ha frenado de momento la intención de la formación política y de José Luis Valdés de ser parte en este asunto. Los dos van a recurrir a la Audiencia la decisión del juez al considerar que es desproporcionada y obstaculiza el ejercicio de la acción popular. José Luis Valdés, que es candidato a la alcaldía por Vecinos por Alicante aunque su intención es personarse a título particular, también activó el caso Mercalicante tras denunciarlo en Fiscalía.
EU y José Luis Valdés se sumaron a la tesis del fiscal Anticorrupción al acusar al alcalde de Alicante, Luis Díaz Alperi, a los ediles Sonia Castedo y Luis Concepción, a un técnico municipal y al representante legal de Enrique Ortiz de los delitos de prevaricación, tráfico de influencias, falsedad, malversación de caudales y apropiación indebida. El titular del juzgado de Instrucción número ocho de Alicante, Jesús Gómez Angulo, imputó a los cinco por un presunto delito de «prevaricación u otros». El juez tiene previsto iniciar el próximo lunes los interrogatorios, tomando declaración como testigo a uno de los técnicos municipales que se opuso a la modificación de las condiciones de la contrata.
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EU y José Luis Valdés se sumaron a la tesis del fiscal Anticorrupción al acusar al alcalde de Alicante, Luis Díaz Alperi, a los ediles Sonia Castedo y Luis Concepción, a un técnico municipal y al representante legal de Enrique Ortiz de los delitos de prevaricación, tráfico de influencias, falsedad, malversación de caudales y apropiación indebida. El titular del juzgado de Instrucción número ocho de Alicante, Jesús Gómez Angulo, imputó a los cinco por un presunto delito de «prevaricación u otros». El juez tiene previsto iniciar el próximo lunes los interrogatorios, tomando declaración como testigo a uno de los técnicos municipales que se opuso a la modificación de las condiciones de la contrata.
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La UE obliga a invertir 15 millones más en seguridad en el túnel de Sant Joan
El Ministerio de Fomento tendrá que invertir 15,4 millones de euros más en mejoras de seguridad en el túnel de la A-70 en Sant Joan para adaptarse a los requisitos incluidos en una directiva europea sobre los equipamientos imprescindibles para los túneles de la red transeuropea de carreteras. La Unión Europea ha dado a los países un plazo de quince años para adaptar los túneles a la nueva normativa, pero el objetivo de Fomento, que ya invirtió unos tres millones de euros hace dos años, es ejecutar cuanto antes las reformas y para ello acaba de autorizar la redacción del proyecto de mejoras de seguridad en el túnel de la A-70, que estará ultimado en un plazo de seis meses.
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Los técnicos detectan irregularidades en el PAI donde tiene la parcela un edil del PP de Burriana
La secretaria del Ayuntamiento de Burriana, el arquitecto municipal, la jefa de la sección de Urbanismo y el ingeniero de caminos municipal han suscrito un informe en el que detallan algunas irregularidades en la tramitación de uno de los Programas de Actuación Integrada (PAI) del municipio, en el que tiene interés el responsable de Urbanismo, Javier Perelló. El concejal del PP compró una parcela meses antes de que se presentara el PAI y la escrituró poco después de que entrara en el registro del ayuntamiento. Pese a su "interés directo", Perelló ni se abstuvo en la tramitación ni en la votación, basándose en el informe de un abogado ajeno al ayuntamiento que él encargó.
"Podría estar viciada la aprobación definitiva del instrumento de planeamiento, por no haberse seguido el procedimiento legalmente establecido", señala uno de los párrafos del informe. El escrito de los cuatro técnicos señala que "del examen del expediente" se deduce que el planeamiento que se ha tramitado tiene tres versiones distintas, ya que el aprobado por el ayuntamiento, de forma provisional "difiere" del sometido a información pública, así como del que se remitió a la Consejería Territorio con el fin de que autorizara las actuaciones que se pretenden. "Por lo tanto, la correcta tramitación del Plan de Reforma Interior de Mejora exigirá su sometimiento a información pública y su posterior tramitación de conformidad con la Ley Urbanística Valenciana".
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"Podría estar viciada la aprobación definitiva del instrumento de planeamiento, por no haberse seguido el procedimiento legalmente establecido", señala uno de los párrafos del informe. El escrito de los cuatro técnicos señala que "del examen del expediente" se deduce que el planeamiento que se ha tramitado tiene tres versiones distintas, ya que el aprobado por el ayuntamiento, de forma provisional "difiere" del sometido a información pública, así como del que se remitió a la Consejería Territorio con el fin de que autorizara las actuaciones que se pretenden. "Por lo tanto, la correcta tramitación del Plan de Reforma Interior de Mejora exigirá su sometimiento a información pública y su posterior tramitación de conformidad con la Ley Urbanística Valenciana".
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Marina d'Or se ofrece a excluir de un PAI la casa de una ex edil del PP
El Ayuntamiento de Cabanes celebró ayer un pleno en el que presentó un escrito del grupo Marina d'Or que propone excluir del Programa de Actuación Integrada (PAI) de Torre La Sal la vivienda de la ex presidenta del PP local, Teresa Gual. La propuesta de la empresa ha surgido a raíz de la polémica levantada por la ex dirigente popular, que sostuvo que la vivienda no estaba incluida en el ámbito de este PAI y, posteriormente, se incluyó por una vendetta política.
Teresa Gual ha argumentado que en ningún momento ha recibido notificación alguna que la informara de que la casa estaba afectada por un planeamiento urbanístico, lo que la ha sometido a una "indefensión total". El pleno no votó ni aprobó ninguna propuesta pero sí dio cuenta de la "voluntad" del grupo para excluir esta vivienda de su programa, hecho que obligará a la modificación de un proyecto que se aprobó en 2003.
En cualquier caso, en el anterior pleno, la Corporación municipal aprobó proponer una solución al problema planteado por la ex presidenta del PP local. El alcalde, el también popular Artemio Siurana, ha manifestado estar convencido de que la polémica abierta tiene un claro interés económico ya que, en el caso de que finalmente se derribe la vivienda, sus propietarios exigirán el pago de una indemnización de 976.100 euros.
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Teresa Gual ha argumentado que en ningún momento ha recibido notificación alguna que la informara de que la casa estaba afectada por un planeamiento urbanístico, lo que la ha sometido a una "indefensión total". El pleno no votó ni aprobó ninguna propuesta pero sí dio cuenta de la "voluntad" del grupo para excluir esta vivienda de su programa, hecho que obligará a la modificación de un proyecto que se aprobó en 2003.
En cualquier caso, en el anterior pleno, la Corporación municipal aprobó proponer una solución al problema planteado por la ex presidenta del PP local. El alcalde, el también popular Artemio Siurana, ha manifestado estar convencido de que la polémica abierta tiene un claro interés económico ya que, en el caso de que finalmente se derribe la vivienda, sus propietarios exigirán el pago de una indemnización de 976.100 euros.
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Ripoll rechaza un decálogo para atajar la corrupción urbanística
El grupo popular de la Diputación de Alicante se aferró ayer a su mayoría absoluta para rechazar una propuesta del PSPV para atajar la corrupción urbanística. Por el contrario el pleno de la Corporación Provincial, que preside el zaplanista José Joaquín Ripoll, sí dio luz verde a otras dos mociones impulsadas por los populares: la primera para encauzar la iniciativa de pedir a la Unesco que confiera a las fiestas de Moros y Cristianos el rango de Patrimonio Oral de la Humanidad, y la segunda para solicitar al Gobierno más fondos para las políticas relativas a la inmigración.
El PSPV presentó una moción, titulada Decálogo sobre las prácticas Urbanísticas, cuyo objetivo final, en palabras de su portavoz, Antonio Amorós, "es poner coto a la acción depredadora y la fiebre constructora que azota a la Comunidad Valenciana en los últimos años, fenómeno que conlleva que se esté construyendo el doble de lo que se demanda". El diputado socialista responsabilizó de esa situación al PP y planteó la alternativa de inhabilitar a los cargos públicos implicados en supuestos casos de corrupción urbanística. En esa lista, Amorós incluyó a los regidores de Alicante, Orihuela y Torrevieja.
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El PSPV presentó una moción, titulada Decálogo sobre las prácticas Urbanísticas, cuyo objetivo final, en palabras de su portavoz, Antonio Amorós, "es poner coto a la acción depredadora y la fiebre constructora que azota a la Comunidad Valenciana en los últimos años, fenómeno que conlleva que se esté construyendo el doble de lo que se demanda". El diputado socialista responsabilizó de esa situación al PP y planteó la alternativa de inhabilitar a los cargos públicos implicados en supuestos casos de corrupción urbanística. En esa lista, Amorós incluyó a los regidores de Alicante, Orihuela y Torrevieja.
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Una asociación denuncia los 'pelotazos' del Valencia al fiscal
La asociación Cercle Obert de Benicalap de Valencia se ha dirigido a la Fiscalía General del Estado y a Anticorrupción para pedirles que abran una "investigación urgente y rigurosa" por las decisiones urbanísticas adoptadas por el Ayuntamiento en relación a la recalificación de los terrenos del campo de Mestalla y el solar donde se levantará el nuevo estadio del Valencia CF. La denuncia se basa en la creencia de que el Ayuntamiento, "presionado por el constructor y presidente del Valencia CF, Bautista Soler, realiza recalificaciones urbanísticas que perjudican y lesionan a los ciudadanos y contribuyentes". Según el presidente de Cercle Obert de Benicalap, Antonio Marín, se trata de una petición formal a la fiscalía para que investigue unos procesos urbanísticos que "perjudican y lesionan a los ciudadanos y contribuyentes" y que tan solo "favorecen los intereses de una empresa privada, que tiene el control y la propiedad de un equipo deportivo: el Valencia CF".
Para esta asociación, independientemente de que la ubicación del nuevo estadio supondrá "graves y crecientes problemas de tráfico, contaminación y muy visibles y alarmantes carencias de equipamientos públicos" en los barrios de Benicalap y Campanar, "no hay motivos reales, ni fundados, para recalificar los terrenos municipales [en los que se levantará el nuevo estadio] y proceder a una permuta" a favor del Valencia CF.
Cercle Obert de Benicalap considera que la permuta y la recalificación aprobada por el PP que preside Rita Barberá no se ajusta "a lo establecido en la legislación vigente".
Blasco recibe en su despacho de Sanidad a un empresario al que otorgó contratos
El consejero de Sanidad, Rafael Blasco recibió el pasado 14 de septiembre en su despacho a un viejo conocido. César Augusto Tauroni, administrador único de General de Comunicaciones y Servicios (GCS) -una firma que obtuvo polémicas adjudicaciones durante la etapa en la que Blasco dirigió el departamento de Bienestar Social-, visitó al consejero en sus dependencias de la séptima planta de la sede de Sanidad semanas antes de la crisis abierta en el área de informática debido a las diferencias de criterio en la adjudicación de un contrato de tres millones de euros.
Tauroni, que acudió con una tercera persona sin identificar, evitó pasar por el servicio de registro, en el que se toman los datos de las visitas que acceden a la sede de la Agencia Valenciana de Salud, y hacia las 19.00 subió directamente a la última planta del edificio situado en la calle de Micer Mascó de Valencia, reservada para el consejero y su más estrecho círculo de asesores.
Tauroni es una persona muy cercana al entorno familiar más próximo de Rafael Blasco. Ha estado especialmente ligado a Bernardo Blasco, hermano del consejero, con quien coincidió como administrador solidario en la fundación de la empresa Grupo Apelcine, SL, en 1997, una firma cuya actividad abarca tanto el comercio al por mayor de frutas y verduras, como la construcción de edificios y la promoción inmobiliaria de viviendas.
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Nuestro amigo, el señor Blasco, se marcha de la Consellería de Urbanismo. Tampoco es que se vaya muy lejos y dudo mucho de que nos libremos de su discurso tendencioso y demagogo. Pero me ha parecido bien hacerle un homenaje en forma de biografía oficiosa:
Rafael Blasco nace un triste día de dios sabe cuándo. De jovencito ya le preocupaba la política, así que el joven Blasco estuvo un tiempo militando en el FRAP (Frente Revolucionario Antifascista y Patriótico, de inspiración marxista-leninista) una organización partidaria de la lucha armada.
Luego se escoró hasta llegar al PSPV donde, por supuesto, pronto se hizo cargo de la Consellería de Obras Públicas. Su "extraña forma" de manejar el erario público, hizo que la cúpula de los socialistas lo expulsaran del partido. El hombre no se amilanó, le había cogido gusto al ladrillito y pensó "¿Por qué un viejo camarada del FRAP no puede escorarse hasta llegar al PP? ¿Qué es más importante: la integridad ideológica o el dinero?". Dicho y hecho, se afilió al Partido Popular.
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Tauroni, que acudió con una tercera persona sin identificar, evitó pasar por el servicio de registro, en el que se toman los datos de las visitas que acceden a la sede de la Agencia Valenciana de Salud, y hacia las 19.00 subió directamente a la última planta del edificio situado en la calle de Micer Mascó de Valencia, reservada para el consejero y su más estrecho círculo de asesores.
Tauroni es una persona muy cercana al entorno familiar más próximo de Rafael Blasco. Ha estado especialmente ligado a Bernardo Blasco, hermano del consejero, con quien coincidió como administrador solidario en la fundación de la empresa Grupo Apelcine, SL, en 1997, una firma cuya actividad abarca tanto el comercio al por mayor de frutas y verduras, como la construcción de edificios y la promoción inmobiliaria de viviendas.
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Biografía oficiosa de Blasco
Nuestro amigo, el señor Blasco, se marcha de la Consellería de Urbanismo. Tampoco es que se vaya muy lejos y dudo mucho de que nos libremos de su discurso tendencioso y demagogo. Pero me ha parecido bien hacerle un homenaje en forma de biografía oficiosa:
Rafael Blasco nace un triste día de dios sabe cuándo. De jovencito ya le preocupaba la política, así que el joven Blasco estuvo un tiempo militando en el FRAP (Frente Revolucionario Antifascista y Patriótico, de inspiración marxista-leninista) una organización partidaria de la lucha armada.
Luego se escoró hasta llegar al PSPV donde, por supuesto, pronto se hizo cargo de la Consellería de Obras Públicas. Su "extraña forma" de manejar el erario público, hizo que la cúpula de los socialistas lo expulsaran del partido. El hombre no se amilanó, le había cogido gusto al ladrillito y pensó "¿Por qué un viejo camarada del FRAP no puede escorarse hasta llegar al PP? ¿Qué es más importante: la integridad ideológica o el dinero?". Dicho y hecho, se afilió al Partido Popular.
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El modelo valenciano es el paradigma de sociedad insostenible, según un libro
El panorama del medio ambiente en la Comunidad Valenciana es alarmante, según recoge el Llibre verd del territori valencià, editado en el contexto del congreso Escola Valenciana i Societat Sostenible y en el que han participado destacados especialistas valencianos en diversos campos. El trabajo, coordinado por Carme Miquel y presentado ayer en el instituto Lluís Vives de Valencia por el presidente de Escola Valenciana, Diego Gómez, sitúa a la Comunidad Valenciana como paradigma de la sociedad insostenible del siglo XXI.
El Llibre verd del territori valencià es un diagnóstico medioambiental de la Comunidad Valenciana producto de un encargo realizado a 17 especialistas en diferentes campos en el contexto del congreso Escola Valenciana i Societat Sostenible. "El año 2006 ha estado marcado por las denuncias de agresión medioambiental. La corrupción política, denuncias de la Unión Europea al Consell, destrucción del litoral, consumo de agua, entre otros, han sido los temas que han centrado la actualidad valenciana. Y en este contexto era necesario elaborar un análisis que recogiera los últimos estudios de la situación de nuestro medio ambiente, al tiempo que aportara nuevos datos sobre la situación", indican fuentes de la entidad cívica. Escola Valenciana dedica el precongreso, en los meses de septiembre, octubre y noviembre, a ofrecer una visión social de la sociedad sostenible y en diciembre, del 5 al 8, buscará respuesta a la situación desde la perspectiva de la enseñanza.
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El Llibre verd del territori valencià es un diagnóstico medioambiental de la Comunidad Valenciana producto de un encargo realizado a 17 especialistas en diferentes campos en el contexto del congreso Escola Valenciana i Societat Sostenible. "El año 2006 ha estado marcado por las denuncias de agresión medioambiental. La corrupción política, denuncias de la Unión Europea al Consell, destrucción del litoral, consumo de agua, entre otros, han sido los temas que han centrado la actualidad valenciana. Y en este contexto era necesario elaborar un análisis que recogiera los últimos estudios de la situación de nuestro medio ambiente, al tiempo que aportara nuevos datos sobre la situación", indican fuentes de la entidad cívica. Escola Valenciana dedica el precongreso, en los meses de septiembre, octubre y noviembre, a ofrecer una visión social de la sociedad sostenible y en diciembre, del 5 al 8, buscará respuesta a la situación desde la perspectiva de la enseñanza.
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El diario ‘The Washington Post’ se suma a las críticas contra el urbanismo valenciano
El diario ‘The Washington Post’ publicó ayer un reportaje contra el desarrollo en la costa española con un testimonio de una pareja belga de Benissa afectada por un plan urbanístico. La información, que abre la sección de internacional del periódico estadounidense, se hace eco de las críticas de la UE contra el urbanismo valenciano.
La repercusión internacional del urbanismo valenciano ha llegado hasta Estados Unidos. The Washington Post se hizo ayer eco de las críticas contra el boom urbanístico de la costa española relatando el testimonio de una familia belga afincada en Benissa y afectada por un programa urbanístico. Con el título de “En España, una marea de desarrollo”, mezcla las palabras de la familia belga con los casos de corrupción urbanística de Marbella.
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La repercusión internacional del urbanismo valenciano ha llegado hasta Estados Unidos. The Washington Post se hizo ayer eco de las críticas contra el boom urbanístico de la costa española relatando el testimonio de una familia belga afincada en Benissa y afectada por un programa urbanístico. Con el título de “En España, una marea de desarrollo”, mezcla las palabras de la familia belga con los casos de corrupción urbanística de Marbella.
El diario califica de “desenfrenado desarrollo” la situación urbanística de la costa que “ya ha devastado”. Para la pareja belga afincada en Benissa, Lieve de Cleippel y Hubert van Bel, es “una pesadilla legal”, que les va a hacer pagar 700.000 euros por los gastos de urbanización de una parte de la nueva ordenación urbanística que ha afectado a la mitad de sus terrenos.
El reportaje, que abre la sección de internacional del diario estadounidense, comienza con el testimonio y, a continuación, describe cómo el 40% de lo que se edifica en Europa se hace en territorio español. “Cerca de tres millones de casas se han construido en España en los últimos cuatro años”, dice el periodista John Ward Anderson.
El redactor habla también con un portavoz de la organización ecologista WWF Adena, que cuenta cómo se están “legalizando construcciones ilegales y se está ocupando la costa”.
Se menciona en el reportaje un informe de Greenpeace en el que se denuncia que están planeados “cientos de miles de nuevas casas y habitaciones de hotel y cientos de campos de golf en zonas que están sufriendo la peor sequía en 50 años”.
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