Jaume Matas abrió la veda: su choque con la dirección del PP por el sistema de financiación que proponía el Estatuto balear, muy similar al del catalán, acabó con un pacto. Finalmente, dicho texto fija una inversión del Estado de 3.000 millones en 10 años, aunque no la vincula a la participación de esta comunidad en el PIB español, la fórmula que figura en el Estatuto catalán y por la que apostaban Matas y los socialistas de Baleares.
De esta forma, la voluntad de uno de los barones regionales más importantes del PP de sacar adelante su propio estatuto, calificado por él mismo como una respuesta para "defenderse" del catalán, se impuso. Y poco a poco, ha sido así con todas las reformas estatutarias.
El PP aragonés, por ejemplo, que aún no se ha recuperado electoralmente desde que José María Aznar apostó por el trasvase del Ebro, contestado en la calle por miles de aragoneses, ha pactado con el PSOE regional una fórmula que prácticamente hace inviable el trasvase, ya que establece el derecho "preferente al aprovechamiento de los recursos hídricos" de Aragón, y reserva 6.550 hectómetros cúbicos de agua para uso exclusivo de la comunidad.
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jueves, octubre 26, 2006
Barberá recibe Tabacalera a cambio de dejar a Ballester un negocio millonario
La alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, del PP, estampó ayer su firma en un acuerdo que recupera para la ciudad la antigua fábrica de tabacos y deja en manos del grupo inmobiliario Ballester un negocio multimillonario. La permuta acordada con la empresa convierte al Ayuntamiento en propietario de parte de Tabacalera, un complejo industrial histórico de 23.832 metros cuadrados de superficie que albergará la mayoría de dependencias municipales. A cambio del inmueble, el grupo Ballester podrá construir viviendas en dos parcelas que suman 43.700 metros de edificabilidad en las zonas más cotizadas de la ciudad. Fuentes del sector calculan los beneficios de la empresa en al menos 220 millones de euros.
Barberá subrayó que el acuerdo es "absolutamente transparente y ajustado a la ley", para "satisfacción" del equipo de gobierno del PP y a pesar de las "rabietas de la oposición", como calificó las denuncias de socialistas y EU-L'Entesa, que consideran la operación un "pelotazo urbanístico" a costa del patrimonio municipal.
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Barberá subrayó que el acuerdo es "absolutamente transparente y ajustado a la ley", para "satisfacción" del equipo de gobierno del PP y a pesar de las "rabietas de la oposición", como calificó las denuncias de socialistas y EU-L'Entesa, que consideran la operación un "pelotazo urbanístico" a costa del patrimonio municipal.
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El PP elude otra vez dar a conocer el patrimonio de sus diputados
"¿Van a apoyar nuestra proposición de ley de transparencia de altos cargos? ¿Van a hacer ustedes públicas, como nosotros, sus declaraciones de bienes y actividades?". Estas dos preguntas directas que hizo ayer en el pleno de las Cortes el portavoz socialista adjunto Antoni Such quedaron sin respuesta. El vicepresidente del Consell, Víctor Campos, se salió por la tangente y aseguró que el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, ha cumplido su compromiso de hacer público su patrimonio y que el líder del PSPV, Joan Ignasi Pla, no lo ha hecho.
El PP no parece dispuesto a aceptar el reto de los socialistas, que la semana pasada anunciaron su decisión de poner a disposición de todos los ciudadanos, en el Registro de las Cortes, las declaraciones de bienes y actividades de todos los diputados. La iniciativa respondía al reto que, en el debate de política general, le lanzó el presidente de la Generalitat Pla, quien le había ofrecido un pacto entre los dos partidos para luchar contra la corrupción. Camps no respondió a la oferta de pacto, pero dijo que estaba dispuesto a sentarse con el líder socialista y que ambos enseñaran sus patrimonios. Posteriormente, el presidente ha dicho que todo su patrimonio se limita a un piso y un coche antiguo.
Más en El Paísmiércoles, octubre 25, 2006
Denuncia delitos urbanisticos llamando al 900 100 062
Denuncia delitos urbanisticos llamando al 900 100 062
Denuncia delitos urbanisticos llamando al 900 100 062
Plataforma por una Vivienda Digna
Desde 2004. Agentes del Instituto Armado aseguran que el objetivo es perseguir la especulación y los fraudes relacionados con el suelo y los espacios protegidos
La Guardia Civil ha emitido una circular con el objeto de conocer todas las infracciones urbanísticas, tanto penales como administrativas y edificaciones ilegales que se han producido en España en los últimos tres años. La citada circular fue emitida el pasado 25 de julio y pedía que se remitiera la información, a nivel de comandancia, para antes de las 10.00 del próximo día 28.
El tema, según reza la citada circular, es la solicitud de información sobre "ordenación del territorio y urbanismo" y ha sido enviada a todas las unidades operativas y de investigación de la Guardia Civil, tanto a las unidades de seguridad ciudadana, como a los equipos de investigación del Seprona y a la Policía Judicial de la Benemérita.
Ya en el texto del documento se dice que "al objeto de cumplimentar el informe solicitado por la Superioridad", esta Jefatura necesita conocer "el tipo de infracciones, tanto penales como administrativas, que más se detectan y denuncian por la Guardia Civil en materia de obras, construcciones y/o edificaciones ilegales". Además, el documento solicita los "detalles más significativos de los servicios más relevantes realizados al respecto".
Para ello, con la citada circular, se adjunta un cuadro en el que se pide a los agentes que recojan "una breve descripción –no indicación de preceptos normativos– de los hechos que originan el mayor número de actuaciones de esta índole por parte del Cuerpo".
Así, se pide información de las infracciones en materia de Legislación de Suelo y Urbanismo; en Legislación de Aguas; en Legislación de Costas; en Legislación de Vías Pecuarias y se añade un último apartado de otras. Se pide también la especificación de si son infracciones administrativas o si son penales. Ponen como ejemplo, en el cuadro a rellenar, que se especifique si se trata de edificaciones en suelo no urbanizable especialmente protegido, careciendo de licencias; si se trata de obras que exceden el volumen autorizado, en suelo, etcétera o si se trata de construcciones en zona de servidumbre de aguas continentales o costas.
Igualmente, el Seprona pide que se realice un "relato detallado –o copia del parte de novedades, en su caso–", de las actuaciones más relevantes llevadas a cabo por la Comandancia de dicha índole. "Todo ello –especifica– referido a los años 2004, 2005 y 2006".
Finalmente, en el documento se ruega que la información solicitada "a nivel de Comandancia, sea remitida a esta Jefatura, por esta misma vía, para el próximo día 28 del actual".
La Asociación Independiente de Guardias Civiles (AISGC) considera que la circular ayudará a combatir casos de corrupción política como el de Marbella. Un portavoz de esta asociación declaró que, con esta medida, se quiere dar mayor importancia a los delitos urbanísticos y centralizar toda la información disponible sobre la materia en la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.
El objetivo, según señaló esta asociación, es perseguir la especulación y toda aquella actuación fraudulenta relacionada con el suelo, el urbanismo y la agresión a espacios protegidos, como los parques naturales, donde se han levantado construcciones, en muchos casos ilegales. "Lo que se pretende es poner coto a la corrupción, ser más rigurosos, centralizar toda la información y hacerse una verdadera idea de esta problemática a nivel nacional", insistió el portavoz de dicha asociación de agentes.
La circular se ha enviado a todas las unidades operativas y de investigación de la Guardia Civil.
La Guardia Civil ha emitido una circular con el objeto de conocer todas las infracciones urbanísticas, tanto penales como administrativas y edificaciones ilegales que se han producido en España en los últimos tres años. La citada circular fue emitida el pasado 25 de julio y pedía que se remitiera la información, a nivel de comandancia, para antes de las 10.00 del próximo día 28.
El tema, según reza la citada circular, es la solicitud de información sobre "ordenación del territorio y urbanismo" y ha sido enviada a todas las unidades operativas y de investigación de la Guardia Civil, tanto a las unidades de seguridad ciudadana, como a los equipos de investigación del Seprona y a la Policía Judicial de la Benemérita.
Ya en el texto del documento se dice que "al objeto de cumplimentar el informe solicitado por la Superioridad", esta Jefatura necesita conocer "el tipo de infracciones, tanto penales como administrativas, que más se detectan y denuncian por la Guardia Civil en materia de obras, construcciones y/o edificaciones ilegales". Además, el documento solicita los "detalles más significativos de los servicios más relevantes realizados al respecto".
Para ello, con la citada circular, se adjunta un cuadro en el que se pide a los agentes que recojan "una breve descripción –no indicación de preceptos normativos– de los hechos que originan el mayor número de actuaciones de esta índole por parte del Cuerpo".
Así, se pide información de las infracciones en materia de Legislación de Suelo y Urbanismo; en Legislación de Aguas; en Legislación de Costas; en Legislación de Vías Pecuarias y se añade un último apartado de otras. Se pide también la especificación de si son infracciones administrativas o si son penales. Ponen como ejemplo, en el cuadro a rellenar, que se especifique si se trata de edificaciones en suelo no urbanizable especialmente protegido, careciendo de licencias; si se trata de obras que exceden el volumen autorizado, en suelo, etcétera o si se trata de construcciones en zona de servidumbre de aguas continentales o costas.
Igualmente, el Seprona pide que se realice un "relato detallado –o copia del parte de novedades, en su caso–", de las actuaciones más relevantes llevadas a cabo por la Comandancia de dicha índole. "Todo ello –especifica– referido a los años 2004, 2005 y 2006".
Finalmente, en el documento se ruega que la información solicitada "a nivel de Comandancia, sea remitida a esta Jefatura, por esta misma vía, para el próximo día 28 del actual".
La Asociación Independiente de Guardias Civiles (AISGC) considera que la circular ayudará a combatir casos de corrupción política como el de Marbella. Un portavoz de esta asociación declaró que, con esta medida, se quiere dar mayor importancia a los delitos urbanísticos y centralizar toda la información disponible sobre la materia en la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.
El objetivo, según señaló esta asociación, es perseguir la especulación y toda aquella actuación fraudulenta relacionada con el suelo, el urbanismo y la agresión a espacios protegidos, como los parques naturales, donde se han levantado construcciones, en muchos casos ilegales. "Lo que se pretende es poner coto a la corrupción, ser más rigurosos, centralizar toda la información y hacerse una verdadera idea de esta problemática a nivel nacional", insistió el portavoz de dicha asociación de agentes.
La circular se ha enviado a todas las unidades operativas y de investigación de la Guardia Civil.
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Plataforma por una Vivienda Digna
Caso Terra M´tica: El PSPV acusa al Consell de permitir que Terra Mítica vendiera suelo hipotecado
El diputado autonómico del PSPV-PSOE José Camarasa acusó ayer al Gobierno valenciano de «consentir» la venta de los terrenos de Terra Mítica sin antes liberarlos de cargas hipotecarias y sin garantizar el pago de los 85 millones de euros por los que el empresario Enrique Ortiz se adjudicó el suelo en subasta pública este verano. Ese dinero está destinado a que Terra Mítica pague a los acreedores y asegure la salvación del negocio.
El constructor alicantino acordó pagar 85 millones de euros por 217.000 metros cuadrados del área de expansión del parque sobre los que se modificó el uso urbanístico para construir un hotel y 2.000 apartametos, elevar su valor y evitar la quiebra de la atracción.
Ortiz pagó el 10% de lo pactado, pero no el resto. El empresario ha frenado la firma de la escritura pública y bloqueado el ingreso del resto del dinero porque, sostiene, el suelo no está libre de cargas. Sobre las cinco parcelas pesaba hasta hace diez días la denuncia de dos cajas de ahorros contra Bancaja y CAM por no ejecutar la hipoteca sobre la sociedad cuando dejó de pagar un crédito sindicado de 111 millones. Enrique Ortiz reclama, además, garantías que le blinden frente a sentencias a favor de los antiguos dueños de los terrenos que no renunciaron al derecho de reversión. Varios de ellos mantienen vigentes contenciosos para que se les pague más de lo que ofreció la Generalitat cuando expropió en 1997 los 10 millones de metros que conforman el área de usos del complejo. Varias decisiones les avalan, y están pendientes de que el Tribunal Superior de Justicia autonómico falle en la demanda de más de 100 millones por el mismo motivo. Ortiz esgrime que, en caso de que los reclamantes ganen sus pleitos, no será él quien se haga cargo de las indemnizaciones.
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El constructor alicantino acordó pagar 85 millones de euros por 217.000 metros cuadrados del área de expansión del parque sobre los que se modificó el uso urbanístico para construir un hotel y 2.000 apartametos, elevar su valor y evitar la quiebra de la atracción.
Ortiz pagó el 10% de lo pactado, pero no el resto. El empresario ha frenado la firma de la escritura pública y bloqueado el ingreso del resto del dinero porque, sostiene, el suelo no está libre de cargas. Sobre las cinco parcelas pesaba hasta hace diez días la denuncia de dos cajas de ahorros contra Bancaja y CAM por no ejecutar la hipoteca sobre la sociedad cuando dejó de pagar un crédito sindicado de 111 millones. Enrique Ortiz reclama, además, garantías que le blinden frente a sentencias a favor de los antiguos dueños de los terrenos que no renunciaron al derecho de reversión. Varios de ellos mantienen vigentes contenciosos para que se les pague más de lo que ofreció la Generalitat cuando expropió en 1997 los 10 millones de metros que conforman el área de usos del complejo. Varias decisiones les avalan, y están pendientes de que el Tribunal Superior de Justicia autonómico falle en la demanda de más de 100 millones por el mismo motivo. Ortiz esgrime que, en caso de que los reclamantes ganen sus pleitos, no será él quien se haga cargo de las indemnizaciones.
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Altea: El edil Jacinto Mulet anuncia que no se presentará a las elecciones
El «número dos» del equipo de gobierno municipal en los últimos 16 años en el Ayuntamiento de Altea, Jacinto Mulet, comunicó en la noche del lunes al Comité Ejecutivo del Partido Popular su decisión de no concurrir a las próximas elecciones municipales y dar paso a la renovación de la candidatura. El Comité Ejecutivo del Partido Popular de Altea se reunió el lunes para preparar los próximos comicios y elegir a los coordinadores de la campaña electoral. En este sentido se nombró a Gregorio Alvado, como coordinador de campaña; Alex Junquera, coordinador de programa y al propio Jacinto Mulet como coordinador del comité electoral, según fue anunciado ayer por el propio partido en el transcurso de una rueda de prensa.
En el transcurso de la reunión, Jacinto Mulet comunicó su decisión de no formar parte de la lista electoral para los próximos comicios. Ayer manifestaba que «es el momento de renovar el PP y dejar paso a los jóvenes. Por esto y por motivos familiares -quiero dedicar más tiempo a mi familia- he decidido que mi etapa como concejal del Ayuntamiento de Altea concluya; lo que no significa que deje de trabajar por el pueblo de Altea y por el PP», señaló el edil, actual portavoz de equipo de gobierno en el Ayuntamiento de Altea, primer teniente de alcalde y concejal de Ordenación y Territorio.
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En el transcurso de la reunión, Jacinto Mulet comunicó su decisión de no formar parte de la lista electoral para los próximos comicios. Ayer manifestaba que «es el momento de renovar el PP y dejar paso a los jóvenes. Por esto y por motivos familiares -quiero dedicar más tiempo a mi familia- he decidido que mi etapa como concejal del Ayuntamiento de Altea concluya; lo que no significa que deje de trabajar por el pueblo de Altea y por el PP», señaló el edil, actual portavoz de equipo de gobierno en el Ayuntamiento de Altea, primer teniente de alcalde y concejal de Ordenación y Territorio.
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Xalo: Un PAI rodeará de casas los restos de la alquería del XV de Joanot Martorell
El Ayuntamiento de Xaló, gobernado por Bloc y PSOE, aprobó en julio de 2005 un plan urbanístico que supondrá crear servicios en una partida, la de Benibrai, ya consolidada por edificaciones. Además, el PAI permitirá que se construyan casas unifamiliares en parcelas de 1.000 metros cuadrados en la zona más conocida como el Camí del Cementeri. Tras la aprobación del programa, los vecinos de Xaló constituyeron una asociación que tenía como finalidad, entre otras, «defender y preservar el rico patrimonio histórico-tradicional del Camí del Cementeri».
De hecho, Benibrai fue, en el siglo XV, un núcleo de la Vall de Xaló que poseía casa señorial propia y que fue propiedad de la familia del escritor Joanot Martorell. Poco se conserva hoy de la esplendorosa alquería de los Martorell, a quien perteneció Benibari desde 1385 a 1444. Sin embargo, las referencias históricas evidencian que dos corrales aún existentes así como un horno de cal ubicado en la zona formaban parte de los bienes patrimoniales de la familia Martorell. Asimismo, algunas de las paredes de las casas de esta partida rural de Xaló podrían ser aún una herencia de la antigua alquería. Sin embargo, no existe ningún estudio arqueológica que verifique y documente dónde exactamente se conserva parte de aquella alquería.
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De hecho, Benibrai fue, en el siglo XV, un núcleo de la Vall de Xaló que poseía casa señorial propia y que fue propiedad de la familia del escritor Joanot Martorell. Poco se conserva hoy de la esplendorosa alquería de los Martorell, a quien perteneció Benibari desde 1385 a 1444. Sin embargo, las referencias históricas evidencian que dos corrales aún existentes así como un horno de cal ubicado en la zona formaban parte de los bienes patrimoniales de la familia Martorell. Asimismo, algunas de las paredes de las casas de esta partida rural de Xaló podrían ser aún una herencia de la antigua alquería. Sin embargo, no existe ningún estudio arqueológica que verifique y documente dónde exactamente se conserva parte de aquella alquería.
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Las obras destruyen 3 tumbas de una necrópolis islámica en Gata
Las obras de un edificio en la calle La Bassa de Gata de Gorgos han destruido tres tumbas pertenecientes a una gran necrópolis de la época islámica. Fuentes consultadas por INFORMACION aseguraron que no se realizaron las catas arqueológicas antes de proceder a la construcción de la vivienda de tres plantas.
Los nichos se encontraban dentro del perímetro afectado por un cementerio descubierto en el subsuelo del centro histórico de Gata. De esta forma, antes de llevar a cabo las obras del edificio de la calle La Bassa, se deberían de haber realizado las investigaciones pertinentes que según confirmaron las mismas fuentes no se llevaron a cabo arrasando con parte del gran yacimiento arqueológico.
Este hallazgo se produzco en 1968 cuando realizando las obras de la canalización de las aguas públicas en la misma calle, La Bassa, salieron a la luz varias tumbas con esqueletos. A pesar de despertar la curiosidad de los vecinos estos nichos históricos se destruyeron sin recoger los datos para la conservación del patrimonio histórico del municipio según destaca el arqueólogo Juan de Dios Boronat Soler en un artículo escrito para el libro de fiestas del municipio.
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Los nichos se encontraban dentro del perímetro afectado por un cementerio descubierto en el subsuelo del centro histórico de Gata. De esta forma, antes de llevar a cabo las obras del edificio de la calle La Bassa, se deberían de haber realizado las investigaciones pertinentes que según confirmaron las mismas fuentes no se llevaron a cabo arrasando con parte del gran yacimiento arqueológico.
Este hallazgo se produzco en 1968 cuando realizando las obras de la canalización de las aguas públicas en la misma calle, La Bassa, salieron a la luz varias tumbas con esqueletos. A pesar de despertar la curiosidad de los vecinos estos nichos históricos se destruyeron sin recoger los datos para la conservación del patrimonio histórico del municipio según destaca el arqueólogo Juan de Dios Boronat Soler en un artículo escrito para el libro de fiestas del municipio.
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Urbanismo suspende las licencias en una zona de La Marina para reordenarla
El Ayuntamiento ha decidido suspender licencias urbanísticas en un sector de 450.000 metros cuadrados de La Marina, MR-10, que comunica el sector MR-9 de El Pinet con el núcleo urbano de La Marina para ordenar el mismo de acuerdo con unos criterios de sostenibilidad. La decisión se ha tomado en paralelo con el rechazo de cuatro programas urbanísticos que fueron presentados hace cinco años para desarrollar la zona.El concejal del PP Pascual Moxica expresaba ayer su perplejidad porque «ninguna de las cuatro propuestas haya sido del agrado del equipo de gobierno. Hay una diferencia entre la superficie real y la que contempla la ficha del Plan General, pero esto es fácilmente subsanable, y en la ficha de planeamiento no se indica salvedad alguna, con lo que el equipo de gobierno parece que ha cambiado los criterios para el desarrollo de esta zona».
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La Confederación del Júcar rechaza el proyecto del Sabinar por falta de informes
La Confederación Hidrológica del Júcar ha rechazado la solicitud del Ayuntamiento de San Vicente del Raspeig para que autorizara las obras de la urbanización del plan del valle del Sabinar. El proyecto contempla la construcción de más de 600 viviendas, un hotel y un campo de golf en la zona norte del término municipal. El Consistorio pidió al organismo dependiente del Ministerio de Medio Ambiente que autorizara la ocupación de parte de un cauce público existente en la zona. Sin embargo, la Confederación ha rechazado conceder el permiso al señalar que la documentación aportada es insuficiente.
El organismo indica que, respecto a las obras de paso hacia la urbanización, el Consistorio debería haber aportado «estudios hidrológicos e hidráulicos» que informaran sobre la capacidad de desaguar el llamado «caudal de avenida». De hecho, en el escrito remitido al Consistorio se especifica que el estudio hidráulico «deberá contemplar los posibles cambios, tanto en la morfología del cauce como en el régimen hidráulico(...), de forma que se compruebe que no se producen alteraciones en el cauce ni aguas arriba ni aguas debajo de la obra proyectada».
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El organismo indica que, respecto a las obras de paso hacia la urbanización, el Consistorio debería haber aportado «estudios hidrológicos e hidráulicos» que informaran sobre la capacidad de desaguar el llamado «caudal de avenida». De hecho, en el escrito remitido al Consistorio se especifica que el estudio hidráulico «deberá contemplar los posibles cambios, tanto en la morfología del cauce como en el régimen hidráulico(...), de forma que se compruebe que no se producen alteraciones en el cauce ni aguas arriba ni aguas debajo de la obra proyectada».
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Vega Baja: Los Verdes acusa a Ana Pastor de olvidar la corrupción urbanística del PP en la comarca
El área de coordinación comarcal de Los Verdes (LV) ayer a la dirigente del PP, Ana Pastor, de «padecer amnesia en el asunto de la corrupción urbanística» recordándole «que los mayores escándalos de corrupción urbanística» se produjeron en la Comunidad Valenciana, en la época en que Luis Fernando Cartagena fue Conseller de Obras Públicas y Urbanismo, tras su breve paso por la Alcaldía de Orihuela, «de donde salieron los 344 millones de pesetas localizadas por Hacienda y por la Inspección del Banco de España en las famosas cesiones de crédito del Banco de Santander que todavía se encuentran pendientes de juicio».
En un comunicado, LV afirma que «de la época en que Luis Fernando Cartagena fue alcalde de Orihuela y el actual alcalde Medina concejal de Urbanismo, son las más de 12.000 viviendas ilegales detectadas por la auditoría practicada por la consellería de Obras Públicas en la zona costera de Orihuela, y de las mismas fechas son las reuniónes de alcaldes y diputados del PP con el tesorero de este partido que dieron lugar al denominado Caso Naseiro de financiación irregular».
Para LV la secretaria de Política Social del PP también sabrá que mucho antes de producirse el fenómeno Marbella ya existía en la Comunidad «la Vega Siciliana».
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En un comunicado, LV afirma que «de la época en que Luis Fernando Cartagena fue alcalde de Orihuela y el actual alcalde Medina concejal de Urbanismo, son las más de 12.000 viviendas ilegales detectadas por la auditoría practicada por la consellería de Obras Públicas en la zona costera de Orihuela, y de las mismas fechas son las reuniónes de alcaldes y diputados del PP con el tesorero de este partido que dieron lugar al denominado Caso Naseiro de financiación irregular».
Para LV la secretaria de Política Social del PP también sabrá que mucho antes de producirse el fenómeno Marbella ya existía en la Comunidad «la Vega Siciliana».
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Pilar de la Horadada: Las presiones del PSOE obligan al alcalde a retirar el plan de 5.500 casas
Ignacio Ramos, alcalde socialista de Pilar de la Horadada, se vio forzado ayer, ante las presiones de la dirección del PSOE, a dejar sobre la mesa el debate de aprobación de las bases de adjudicación de un ambicioso plan urbanístico sobre 2,6 millones de metros cuadrados para levantar 5.500 casas en suelo rústico junto al futuro parque natural de Sierra Escalona. Todo ello, al margen del Plan General.
Tras trece puntos de unanimidad y alguna polémica, los ocho ediles de la oposición (PP, AIH y grupo mixto) presenciaron con sorpresa como Ignacio Ramos, aclaraba en el momento de debatir ese polémico punto que se quedaba sobre la mesa.
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Tras trece puntos de unanimidad y alguna polémica, los ocho ediles de la oposición (PP, AIH y grupo mixto) presenciaron con sorpresa como Ignacio Ramos, aclaraba en el momento de debatir ese polémico punto que se quedaba sobre la mesa.
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AECUpide a Conde-Pumpido que actúe la Fiscalía sobre las casas ilegales de Catral
La Asociación Europea de Consumidores y Usuarios de Urbanismo (AECU) ha enviado una carta al fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, para que ordene que el ministerio público «se muestre activo» en la persecución de delitos urbanísticos cometidos supuestamente en Catral.
Su presidente, Honorio Fernández, reclamó así a Conde-Pumpido que dé instrucciones a la Fiscalía de Alicante para que actúe contra el sobreseimiento provisional de la causa judicial contra el alcalde de la localidad alicantina, José Manuel Rodríguez Leal (PSPV-PSOE), cuatro concejales socialistas, dos funcionarios municipales y unos 30 promotores por la construcción «de unas 1.300 viviendas ilegales».
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Su presidente, Honorio Fernández, reclamó así a Conde-Pumpido que dé instrucciones a la Fiscalía de Alicante para que actúe contra el sobreseimiento provisional de la causa judicial contra el alcalde de la localidad alicantina, José Manuel Rodríguez Leal (PSPV-PSOE), cuatro concejales socialistas, dos funcionarios municipales y unos 30 promotores por la construcción «de unas 1.300 viviendas ilegales».
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IZQUIERDA, DERECHA Y CORRUPCIÓN URBANÍSTICA
La corrupción urbanística está de actualidad – a lo peor “rabiosa” – porque los partidos políticos se han dado cuenta de que en precampaña electoral sale rentable tirarle el ladrillo a la cabeza al adversario. Hasta el momento la estrategia adoptada por los dos grandes partidos nacionales, el PP y el PSOE, había sido la conocida táctica del socorrido “y tú más”, a través de la cual ambos partidos se lanzaban como proyectiles electorales los casos de corrupción urbanística que los salpicaba a ambos. El método del “y tú más” tiene un problema grave de funcionamiento que agota rápidamente su rentabilidad como estrategia política y electoral, puesto que al utilizarla no sólo no se desmienten los casos propios sino que, admitiéndolos, se achacan al adversario los suyos con ánimo de descalificarlos moralmente, de tal manera que a corto y medio plazo todos quedan imputados por los mismos delitos. Finalmente, en el PSOE se han dado cuenta del agotamiento del “y tú más” y de los derroteros que se siguen de su uso y abuso, por lo que ha decidido cambiar de táctica y, asumiendo que en determinados cargos políticos vinculados a este partido se han dado casos de corrupción urbanística han procedido a tomar medidas orgánicas previas a las judiciales y han propuesto al PP un pacto de Estado contra la corrupción urbanística.
Estando en la oposición al PP le produce sarpullido que le hablen de pactos de Estado, máxime si ese pacto se ha de firmar con el PSOE en el Gobierno y en las vísperas de unas elecciones autonómicas y municipales. Consecuentemente el PP ha dicho a los “pactistas” del PSOE que la respuesta de la democracia representativa liberal a los problemas derivados de la corrupción urbanística se sustancia en el Poder Judicial y se sustenta en el Estado de Derecho, por lo que en nada conviene que el Poder Legislativo y el Ejecutivo entren en materia. Aunque parezca mentira, la separación de poderes que planteó Montesquieu no es tal en términos de independencia puesto que en el actual sistema político todos los Poderes del Estado están interrelacionados en una amplia y compleja red de interdependencias mútuas; así las cosas resulta poco razonable suponer que en los casos de corrupción urbanística, que afectan en todo caso a cargos políticos (alcaldes, concejales, presidentes de diputaciones, etc…) sólo esté legitimado para actuar el Poder Judicial y no el Legislativo, y ya no hablemos del Ejecutivo, que también es Legislativo en nuestro sistema. Evidentemente la propuesta de un pacto de Estado en esta materia obedece a una estrategia política y la negativa a firmarlo también, pero lo que es indiscutible es la invalidez de la metodología del “y tú más”, que no establece medidas para solucionar el problema que denuncia y que las medidas orgánicas que dice va a adoptar el PSOE sí que plantean una posible solución al problema, además de la acción del sistema judicial, puesto que ataca bajo la línea de flotación a los cargos políticos que son en definitiva quienes están imputados en los casos de corrupción urbanística.
Como ya es tradición en nuestro país, España, es finalmente la izquierda quien ha tenido que poner cordura y establecer una vía a la solución de los problemas planteados que pasa por la búsqueda del consenso, por el pacto y por el diálogo; y, como también es tradicional en nuestra democracia, la derecha ha rehuido el consenso, el pacto y el diálogo sistemáticamente. Hay cosas que no cambian nunca.
Visto en El Socialdemócrata
Estando en la oposición al PP le produce sarpullido que le hablen de pactos de Estado, máxime si ese pacto se ha de firmar con el PSOE en el Gobierno y en las vísperas de unas elecciones autonómicas y municipales. Consecuentemente el PP ha dicho a los “pactistas” del PSOE que la respuesta de la democracia representativa liberal a los problemas derivados de la corrupción urbanística se sustancia en el Poder Judicial y se sustenta en el Estado de Derecho, por lo que en nada conviene que el Poder Legislativo y el Ejecutivo entren en materia. Aunque parezca mentira, la separación de poderes que planteó Montesquieu no es tal en términos de independencia puesto que en el actual sistema político todos los Poderes del Estado están interrelacionados en una amplia y compleja red de interdependencias mútuas; así las cosas resulta poco razonable suponer que en los casos de corrupción urbanística, que afectan en todo caso a cargos políticos (alcaldes, concejales, presidentes de diputaciones, etc…) sólo esté legitimado para actuar el Poder Judicial y no el Legislativo, y ya no hablemos del Ejecutivo, que también es Legislativo en nuestro sistema. Evidentemente la propuesta de un pacto de Estado en esta materia obedece a una estrategia política y la negativa a firmarlo también, pero lo que es indiscutible es la invalidez de la metodología del “y tú más”, que no establece medidas para solucionar el problema que denuncia y que las medidas orgánicas que dice va a adoptar el PSOE sí que plantean una posible solución al problema, además de la acción del sistema judicial, puesto que ataca bajo la línea de flotación a los cargos políticos que son en definitiva quienes están imputados en los casos de corrupción urbanística.
Como ya es tradición en nuestro país, España, es finalmente la izquierda quien ha tenido que poner cordura y establecer una vía a la solución de los problemas planteados que pasa por la búsqueda del consenso, por el pacto y por el diálogo; y, como también es tradicional en nuestra democracia, la derecha ha rehuido el consenso, el pacto y el diálogo sistemáticamente. Hay cosas que no cambian nunca.
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"La ley valenciana ha sido un regalo para los promotores"
Honorio Fernández Llamas (Caboalles -Asturias- 1939), presidente de la Asociación Europea de Consumidores y Usuarios de Urbanismo (AECU), asegura que los responsables del caótico modelo urbanístico valenciano son los ayuntamientos y, en paralelo, la falta de control por parte de la Administración autonómica. El colectivo, creado en 1996, denunció ante el juez las casas ilegales de Catral. Fernández, afiliado a CC OO y ex concejal de Orihuela por el PCE, en el primer mandato, reclama más recursos para los Consistorios para "evitar caer en la tentación de financiarse a través del urbanismo".
Pregunta. Las casas ilegales de Catral han destapado la caja de Pandora del urbanismo valenciano ¿a qué responde este caótico modelo de desarrollo urbano?
Respuesta. El problema está en los Ayuntamientos. Los municipios son los primeros que deben acatar la legalidad y disciplina urbanística, y no lo hacen. Pero hay diferencias radicales entre el urbanismo que se hace en Salamanca o el de la Vega Baja. En esta zona de la costa, desde hace 25 años se persigue exclusivamente hacer negocio rápido y no se ha respetado la normativa urbanística de nuestra legislación, que arranca con la ley de 1955, hasta llegar a la Aznar, en 1998. Esas normas plantean una serie de obligaciones urbanísticas, como que el promotor que inicia una promoción es el que debe hacerse cargo de las infraestructuras y ejecutarlas antes o simultáneamente a las casas. Pero aquí, desde la década de los sesenta, se hace al revés. La normativa valenciana ha sido el mejor regalo para los promotores y constructores para burlar y eludir sus obligaciones urbanísticas previas a levantar las casas.
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