El equipo de gobierno del PSOE en el Ayuntamiento de Pilar de la Horadada tiene previsto hoy en el pleno sacar adelante, al margen de su Plan General, la tramitación del Plan de Actuación Integrada (PAI) «Pinar de Lo Romero» sobre 2,6 millones de metros cuadrados para levantar 5.500 viviendas y acoger 16.000 nuevos vecinos. El municipio tiene censados ahora 20.000.
Es un macroproyecto que intenta ponerse en marcha a pesar de que el municipio de Pilar de la Horadada se dotó de suelo urbanizable con la aprobación de un nuevo Plan General en el año 2000.
El punto número 13 del orden del día del pleno, bajo el escueto epígrafe de «sector Pinar de Lo Romero», tiene previsto abordar la aprobación de la bases de adjudicación de Pinar de Lo Romero, muy cercano a la zona protegida y futuro parque natural de Sierra Escalona.
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martes, octubre 24, 2006
La Generalitat descalifica a la juez que paralizó el aeropuerto de Castellón
El recurso que la sociedad pública Aerocas (formada en un 98% por la Generalitat y en el 2% restante por la Diputación de Castellón) ha presentado un recurso contra la decisión de la titular del juzgado número 4 de Castellón de paralizar, de forma cautelar, las obras de aeropuerto en Vilanova d'Alcolea, que está lleno de ataques frontales a la juez. Tras sugerir que se guía por criterios subjetivos inspirados por una supuesta obsesión, el recurso llega a asegurar que la juez ha basado su decisión en conjeturas formuladas desde "una indeseable parcialidad".La opinión que la empresa promotora del aeropuerto expresa sobre la juez en el recurso queda reflejada, "dicho sea con todo el respeto", en afirmaciones como la siguiente: "Ha llegado a la conclusión de que existe un complot de todas las administraciones públicas organizado para que el aeropuerto se lleve a cabo que, solo su señoría es capaz de desmontar. Y, en base a ese convencimiento, toma sus decisiones". El texto está lleno de ataques frontales a la juez, a quien el letrado de la sociedad pública se dirige diciendo que "la decisión que ha adoptado no sólo es manifiestamente contraria a derecho, sino que es radicalmente injusta y arbitraria".
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El juez abre diligencias por el caso de supuesta corrupción de Ciempozuelos
El juez que investiga el supuesto registro fraudulento de fincas de Ciempozuelos (localidad madrileña de 15.000 habitantes) que el Ayuntamiento pretendía recalificar para la construcción de viviendas ha decidido abrir diligencias en relación con el presunto caso de corrupción urbanística que ha provocado la dimisión del alcalde de la localidad, el socialista Pedro Torrejón.
La Fiscalía Anticorrupción abrió hace varias semanas una investigación a raíz de conocer un movimiento de dinero sospechoso.
El ex regidor y un dirigente socialista local, Joaquín Tejeiro, ingresaron en un banco de Andorra 916.000 euros que han retirado en fechas recientes. La policía investiga si esos ingresos tienen relación con el supuesto pago de comisiones por parte de la inmobiliaria Esprode a ambos políticos por un trato de favor en la tramitación del plan urbanístico del municipio.
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La Fiscalía Anticorrupción abrió hace varias semanas una investigación a raíz de conocer un movimiento de dinero sospechoso.
El ex regidor y un dirigente socialista local, Joaquín Tejeiro, ingresaron en un banco de Andorra 916.000 euros que han retirado en fechas recientes. La policía investiga si esos ingresos tienen relación con el supuesto pago de comisiones por parte de la inmobiliaria Esprode a ambos políticos por un trato de favor en la tramitación del plan urbanístico del municipio.
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El Plan General de Salamanca recalifica terrenos de la familia de un consejero del PP
La recalificación como "suelo urbanizable no delimitado" de dos parcelas de 32,5 hectáreas que figuraban como "suelo rústico de entorno urbano", a las afueras del norte del casco urbano de la ciudad, fue denunciada ayer como "el mayor pelotazo urbanístico de la historia de Salamanca" por el grupo socialista en el Ayuntamiento. La propiedad del 10% de esos terrenos corresponde a la esposa y cuñados del secretario general del PP en Castilla y León y consejero de Presidencia del Gobierno regional, Alfonso Fernández Mañueco. Éste, al igual que el portavoz popular en la corporación municipal, ha negado cualquier trato de favor y sostiene que las condiciones de la recalificación no otorgan ninguna ventaja a los propietarios.
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Lista negra de los municipios cuyos ayuntamientos tienen causas abiertas por corrupción urbanística
EN MADRID
Brunete: El director general de Urbanismo de la Comunidad de Madrid, Enrique Porto (PP), dimitió después de que el PSOE le acusara de tener intereses personales en el desarrollo del Plan General de Urbanismo de Brunete (Madrid).
Quijorna: La recalificación de todo un corredor de cinco kilómetros de largo entre el pueblo y la M-501 con suelo para edificar al menos 10.000 viviendas, ha puesto a la alcaldesa, Mercedes García, del PP, y a su equipo en solfa.
Ciempozuelos: El alcalde socialista de Ciempozuelos (Madrid), Pedro Torrejón, fue obligado a dimitir al saberse que ingresó 800.000 euros en Andorra y que planeó una gran recalificación de terrenos. Un juzgado de Valdemoro ha abierto diligencias contra él y contra el ex edil, Joaquín Tejeiro (PSOE).
EN SALAMANCA
Salamanca: El PSOE acusa al Ayuntamiento de haber recalificado unos terrenos protegidos en favor de la familia del consejero de Presidencia de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco (PP).
EN ÁVILA:
Navas del Marqués: El ayuntamiento de las Navas del Marqués (PP) dio permiso para talar un pinar para construir un complejo de golf y chalés. En Navahondilla (PP), con problemas de agua, quieren construir otro campo de golf y 1.150 chalés.
EN TOLEDO
Seseña: Investigan la recalificación de los terrenos sobre los que que contruye Francisco Hernando (Paco el Pocero). El alcalde del municipio toledano, de IU, denunció presiones del PP y el PSOE para aprobar el proyecto.
EN ALICANTE
Albatera: El juez está investigando a la constructora San José, Inversiones y Proyectos Urbanísticos, S.A, a la que acusa de un presunto delito contra la ordenación del territorio. Un informe elaborado por el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil considera que el alcalde, que es a su vez el responsable comarcal del PSOE en la Vega Baja, pudo obrar en connivencia con el promotor, Francisco García Gelardo.
Alicante: El juez ha imputado al alcalde (PP), Luis Díaz Alperi, y dos concejales por delitos de prevaricación, tráfico de influencias y adjudicaciones irregulares.
Orihuela: El fiscal anticorrupción está investigando al alcalde de Orihuela, el popular José Manuel Medina, los concejales Mónica Lorente, José Antonio Rodríguez Barberá, Antonio Franco, y Eva Ortiz, más la ex edil Encarna Galiano, ahora asesora. El alcalde de Orihuela no ha dimitido, pero ha renunciado a ir en las listas de 2007 tras reconocer ante un juez favores (préstamo de un coche de lujo y de un chalé) que le hizo un promotor beneficiado con adjudicaciones municipales.
EN MURCIA:
Águilas: El fiscal jefe de Murcia, Manuel López Bernal, investiga al Gobierno murciano (PP) por la recalificación de una finca en Águilas situada en una zona protegida y en la que está previsto construir unas 4.100 viviendas y un campo de golf. El propietario del grupo Hispania, Trinitario Casanova Abadía, podría haber ganado 75 millones de euros con el cambio de uso. La recalificación fue aprobada por la Consejería de Medio Ambiente y la de Obras Públicas, cuyo titular es amigo del promotor, según informa El País.
EN GRANADA:
Armilla: El vicepresidente de la Diputación de Granada y concejal de Urbanismo de Armilla (Granada), Gabriel Cañavate (PSOE), dimitió tras una polémica sobre su patrimonio y la investigación de la Fiscalía por presuntas ilegalidades en un centro comercial de la localidad.
Ogíjares: José Luis del Ojo, el diputado nacional y ya ex concejal de Urbanismo en el municipio granadino de Ogíjares, entregó el pasado martes (17 octubre) su acta de edil. Renunció a su cargo en ese ayuntamiento ante las presuntas irregularidades en la adjudicación de obras en el municipio de las que se le acusa. IU pide su cabeza en el Congreso de los Diputados y el PSOE llevó estas supuestas irregularidades a la fiscalía.
Almuñécar: Juan Luis González Montoro (ex alcalde de Almuñécar, actual concejal en ese ayuntamiento y diputado nacional) está imputado en un proceso judicial por supuestos pagos irregulares en su etapa de alcalde para intentar beneficiar a su partido (PP) en la campaña electoral. Fernando Callejón (concejal de Almuñécar) está imputado por un supuesto delito de malversación de caudales públicos, apropiación indebida y falsedad documental en relación a una presunta factura falsa por importe de 12.000 euros. El PSOE ha exigido al PP de Granada que los cese a ambos de sus cargos.
EN MÁLAGA:
Marbella: Hasta 40 cargos municipales están imputados en diferentes causas de corrupción urbanística, entre ellos Juan Antonio Roca, cerebro de la red desarticulada por la Operación Malaya.
EN SEVILLA
Camas: El alcalde de la localidad sevillana de Camas, Agustín Pavón (IU) está imputado por tratar de sobornar a una edil para que votara a favor de unas recalificaciones.
Bormujos: El empresario Eusebio Gaviño (imputado en el caso anterior y primo del alcalde actual, Baldomero Gaviño), supuestamente influyó en algunos ediles para que votaran a favor de la moción de censura que en enero de 2005 devolvió la Alcaldía a Baldomero Gaviño (independiente), arrebatándosela al PSOE.
El magistrado que investiga el caso es el mismo que el de Camas y ha tomado declaración a testigos e implicados.
Burguillos: Se acusa al Ayuntamiento de la localidad (gobernado por el PSOE. El alcalde es José Juan López) de aprobar una serie de recalificaciones que pudieron beneficiar a ediles y cargos del PSOE. Las investigaciones acaban de comenzar.
La Algaba: José Luis Vega (IU), está imputado en un supuesto delito contra la ordenación del territorio y otro supuesto delito de falsedad en documento en la reparcelación de la zona conocida como Marina de la Algaba, junto al río Guadalquivir.
Guillena: Justo Padilla (PSOE) está imputado en un presunto delito contra la ordenación del territorio por permitir construir una serie de naves industriales en un suelo reservado para zona verde y suelo no urbano, junto al polígono industrial El Cerro.
Espartinas: el PA denunció al Gobierno local (PP) por un presunto delito de prevaricación, delito urbanístico y delito societario. Según la denuncia, el alcalde, Domingo Salado, y el concejal de Urbanismo, Javier Jiménez, habrían actuado de intermediarios al servicio de una promotora en la recalificación de una finca de la familia Guardiola (muy conocida en Sevilla).
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El fiscal pide al Gobierno técnicos expertos en urbanismo para atajar la corrupción
La Fiscalía Anticorrupción, que tiene abiertas 10 causas en España por supuesta corrupción urbanística en distintos ayuntamientos y comunidades, carece de expertos en esa materia para profundizar en sus investigaciones. El fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, reclamó ayer por carta al Ministerio de Justicia que se dote a la Fiscalía Anticorrupción de expertos en materia urbanística para que las investigaciones sean más efectivas y evitar retrasos en el análisis de casos complejos como el de la recalificación masiva de suelo rústico en Seseña (Toledo) a favor de un promotor u otros.
La Fiscalía Anticorrupción tiene actualmente 11 fiscales encargados de la investigación a los que apoyan 11 funcionarios de la Agencia Estatal Tributaria y otros cinco del Cuerpo de Interventores del Estado, además de 12 policías, nueve guardias civiles y otros 22 funcionarios. Sin embargo, no cuenta con expertos para luchar contra delitos de prevaricación urbanística, y considera necesario que se le adscriban al menos un par de técnicos que podrían proceder de los ministerios de Fomento o de Vivienda.
Más en El Paíslunes, octubre 23, 2006
Un ejemplo de destrucción y otro de recuperación del medio natural
Cinco parejas de cigüeña negra, de las 61 que existen en Castilla y León, han conseguido que el Tribunal Superior de Castilla y León haya vetado la construcción de «Ciudad del Golf», un gran complejo urbanístico con 1.600 viviendas, cuatro campos de golf y un hotel en un paraje ecológico de las Navas del Marqués (Ávila).
A pesar de esta sentencia se ha procedido a la tala masiva de cientos de árboles.
Los empresarios tienen los medios y el capital; los políticos de entidades locales tienen el poder: el poder de recalificar terrenos. Mediante esta ecuación, media España -especialmente la costa ha vivido un boom urbanístico que ha llevado a algunas localidades originalmente pequeñas a convertirse en marabuntas acabando con la Naturaleza que las rodeaba. Tras la costa, son nuestras montañas las que están en peligro, algunas de ellas incluso con calidad de espacio natural protegido.
El ejemplo contrario de lo sucedido en Ávila lo encontramos en Alicante. Las cementeras son una de las industrias más contaminantes. Una norma de 1984 obliga a estas empresas que pongan en marcha un plan de restauración para garantizar la recuperación ambiental de las zonas afectadas. Y eso es precisamente lo que ha hecho una de estas empresas, pero con una idea original. Hasta ahora la solución fácil era plantar pinos, que no requieren mayores cuidados. Pero la cementera Cemex ha decidido poner en marcha una experiencia pionera a través de la recuperación de los terrenos que explota con la plantación de frutales, así además de la obligada recuperación ambiental de las zonas afectadas ha encontrado un nuevo negocio: la producción de vinos y el cultivo de frutas.
Visto en El Blog de Forestman
Costas plantea una permuta para frenar dos torres ilegales en la playa de Benidorm
El Ministerio de Medio Ambiente, a través de la Jefatura Provincial de Costas, negocia la permuta de un solar en Benidorm para impedir la construcción de dos torres en la zona de Punta Llisera, en primera línea de la playa de Levante. Edificaciones Calpe, del Grupo Ballester, ha iniciado esta semana los cimientos de la obra y a finales de noviembre empezará a levantar la estructura de los dos edificios de 22 plantas, pero fuentes de Costas ha confirmado que mantienen abierta una línea de negociación para que el promotor paralice los trabajos, a los que siempre se ha opuesto el Ministerio de Medio Ambiente por entender que ocupan dominio público marítimo terrestre.
Fuentes del Ayuntamiento y de la promotora han confirmado que el organismo estatal quiere impedir a toda costa la construcción de estas dos torres y ha propuesto un plan para permutar a Ballester la parcela por los mismos metros de edificabilidad y un valor similar en otra zona del municipio. El jefe provincial de Costas, Vicente Martínez, pidió la colaboración del Ayuntamiento para salvar este cabo en una reunión celebrada recientemente, sin que según fuentes municipales haya prosperado la idea. Desde Urbanismo señalan las dificultades que entraña esta operación, ya que el Consistorio debería recibir una compensación muy elevada por una permuta en la que sólo se implicaría el Ayuntamiento, gobernado por el PP. Además, las mismas fuentes indican que el precio del solar en un lugar privilegiado y único, hace prácticamente imposible encontrar un equivalente a permutar.
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Fuentes del Ayuntamiento y de la promotora han confirmado que el organismo estatal quiere impedir a toda costa la construcción de estas dos torres y ha propuesto un plan para permutar a Ballester la parcela por los mismos metros de edificabilidad y un valor similar en otra zona del municipio. El jefe provincial de Costas, Vicente Martínez, pidió la colaboración del Ayuntamiento para salvar este cabo en una reunión celebrada recientemente, sin que según fuentes municipales haya prosperado la idea. Desde Urbanismo señalan las dificultades que entraña esta operación, ya que el Consistorio debería recibir una compensación muy elevada por una permuta en la que sólo se implicaría el Ayuntamiento, gobernado por el PP. Además, las mismas fuentes indican que el precio del solar en un lugar privilegiado y único, hace prácticamente imposible encontrar un equivalente a permutar.
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El Consell reordenará la franja litoral entre Alicante y Santa Pola
La Conselleria de Infraestructuras ha licitado la redacción del proyecto del que será el primer parque litoral de la provincia de Alicante construido entre la Cala de los Borrachos (Alicante) y el faro de Santa Pola. Una línea de 14 kilómetros a lo largo de la costa que se reordenará habilitando zonas para el ocio y la conservación ambiental. El presupuesto de licitación es de 373.516 euros y el de las obras se incluirá ya en las cuentas de 2007, según informaron ayer fuentes de Infraestructuras.
El objetivo del proyecto es la regeneración ambiental del frente litoral y su adecuación para el uso público pero sin utilizar grandes obras de fábrica. Los técnicos consultados por el periódico aseguran que una actuación de estas características permitirá aumentar la protección sobre espacios naturales como las playas, sistemas de dunas, humedales y el entorno del faro de Santa Pola. Infraestructuras desarrolla en estos momentos proyectos similares en Castellón (El Pinar) y Valencia (Abre del Gross).
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El objetivo del proyecto es la regeneración ambiental del frente litoral y su adecuación para el uso público pero sin utilizar grandes obras de fábrica. Los técnicos consultados por el periódico aseguran que una actuación de estas características permitirá aumentar la protección sobre espacios naturales como las playas, sistemas de dunas, humedales y el entorno del faro de Santa Pola. Infraestructuras desarrolla en estos momentos proyectos similares en Castellón (El Pinar) y Valencia (Abre del Gross).
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La Consejería de Territorio admite la existencia de 504 vertederos ilegales
La Consejería de Territorio reconoce la existencia de 504 expedientes sancionadores abiertos por otros tantos vertederos ilegales en la Comunidad Valenciana. De ellos, 52 se encuentran en zona forestal de la provincia de Valencia. Esa cifra no coincide con la que señala la Fiscalía, que la pasada semana trasladó a la Fiscalía General del Estado la relación de vertidos ilegales de Valencia en zona forestal según la información facilitada por el Seprona (Servicio de Protección de la Naturaleza) de la Guardia Civil así como de la policía autonómica y alcanzaba los 70. La Inspección de la Consejería de Territorio respondió a esa cifra de la Fiscalía de Valencia, que computa los vertederos localizados desde junio, al amparo de una instrucción de la Fiscalía General del Estado para todas las fiscalías provinciales. Y lo hizo admitiendo la existencia de 52. Buñol, Vallanca, Jarafuel, Llíria, Tous, Gilet, Millares, Paterna, L'Eliana, Chiva, Vilamarxant, Sagunto, Enguera, L'Alcúdia, Guadassuar, Nàquera o Carcaixent son algunos de los municipios en los que se han localizado los vertederos ilegales en zona forestal en Valencia.
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"No daremos agua a algunas nuevas urbanizaciones"
Llueve en Madrid. Cristina Narbona dice que el suelo está tan seco que lo que está haciendo la lluvia es empaparlo, pero no llena los embalses: "Nos llega otra borrasca en próximos días. Éste es el mes de las lluvias y si no lloviera no sé qué íbamos a hacer".
El Gobierno ha renegado de la energía nuclear, pero sigue sin presentar un calendario de cierre de centrales. Usted ha dicho que es pronto para cerrar Garoña.
Antes de terminar la legislatura presentaremos un calendario de cierre. Garoña tiene plazo de funcionamiento hasta 2009 y la empresa pide ahora ir más allá. Sobre ese tema se tiene que pronunciar el Ministerio de Industria.
¿Y la ministra de Medio Ambiente qué opina?
Mi opinión es totalmente coincidente con la del presidente del Gobierno. España debe reducir gradualmente el uso de la energía nuclear y lo mejor que puede hacer es apostar por energías renovables que, combinadas con el hidrógeno, son la solución para el futuro de la humanidad.
BIO Nació en Madrid el 29 de julio de 1951. Divorciada y con un hijo. Obligada a emigrar a Roma con 12 años, se doctoró en Italia en Ciencias Económicas. Fue viceconsejera del primer Gobierno autonómico andaluz. En 1993 se afilió PSOE. Ha sido directora general de la Vivienda, secretaria de Estado de Medio Ambiente y Vivienda, diputada del PSOE por Almería y concejala del Ayuntamiento de Madrid, entre otros cargos.
¿Cumplirá España con el Protocolo de Kioto?
Estamos aprobando normas que, si se hubieran aplicado hace años, nos colocarían en una situación mucho mejor que la que tenemos.
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El Gobierno ha renegado de la energía nuclear, pero sigue sin presentar un calendario de cierre de centrales. Usted ha dicho que es pronto para cerrar Garoña.
Antes de terminar la legislatura presentaremos un calendario de cierre. Garoña tiene plazo de funcionamiento hasta 2009 y la empresa pide ahora ir más allá. Sobre ese tema se tiene que pronunciar el Ministerio de Industria.
¿Y la ministra de Medio Ambiente qué opina?
Mi opinión es totalmente coincidente con la del presidente del Gobierno. España debe reducir gradualmente el uso de la energía nuclear y lo mejor que puede hacer es apostar por energías renovables que, combinadas con el hidrógeno, son la solución para el futuro de la humanidad.
BIO Nació en Madrid el 29 de julio de 1951. Divorciada y con un hijo. Obligada a emigrar a Roma con 12 años, se doctoró en Italia en Ciencias Económicas. Fue viceconsejera del primer Gobierno autonómico andaluz. En 1993 se afilió PSOE. Ha sido directora general de la Vivienda, secretaria de Estado de Medio Ambiente y Vivienda, diputada del PSOE por Almería y concejala del Ayuntamiento de Madrid, entre otros cargos.
¿Cumplirá España con el Protocolo de Kioto?
Estamos aprobando normas que, si se hubieran aplicado hace años, nos colocarían en una situación mucho mejor que la que tenemos.
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El PSPV replica que en el PP hay alcaldes «con poca decencia y mucho patrimonio»
El portavoz territorial del PSPV-PSOE en Alicante, Carlos González, aseguró ayer que en esta provincia hay «demasiados» alcaldes del PP con «muy poca decencia y mucho patrimonio», y recordó que los regidores de la capital, de Torrevieja y de Orihuela figuran como imputados en sendos sumarios judiciales.
González reaccionó así a las declaraciones de la secretaria ejecutiva de Política Social del PP y ex ministra de Sanidad, Ana Pastor, quien ayer dijo en Alicante que los casos que conoce de cargos públicos ingresados en prisión o que hayan presentado la dimisión en relación a supuestos delitos urbanísticos «son del PSOE». El socialista consideró que Pastor ampara «con el "y tú más" la situación reprobable de muchos alcaldes del PP en la provincia de Alicante». Aseguró que «en el PP hay una lista de nombres de alcaldes que actúan con muy poca decencia y que han acumulado un gran patrimonio desde que accedieron a sus respectivas alcaldías», y se refirió expresamente al de Torrevieja, Pedro Angel Hernández Mateo. Sobre éste, dijo que constituye «un pésimo ejemplo ético» al «beneficiarse de la especulación urbanística y obtener plusvalías de casi seis millones de euros comprando y vendiendo fincas a empresas con las que se relaciona como alcalde».
Además, el portavoz socialista recordó a Pastor que «Hernández Mateo está imputado por la presunta comisión de los delitos de prevaricación, tráfico de influencias y uso de información privilegiada». Los escándalos salpican a alcaldes como el de Alicante, Luis Díaz Alperi, y de Orihuela, José Manuel Medina, ambos imputados por numerosos y muy graves asuntos, pero también a otros como el de Dolores, Granja de Rocamora, Vila-joiosa, Hondón, Guadalest, Calp y Benissa, «todos bajo sospecha e investigados por actuaciones relacionadas con el urbanismo o irregularidades en la contratación pública», dijo.
González recordó que «el único alcalde de Alicante que está pendiente de ingresar en prisión es Luis Fernando Cartagena, militante del PP, ex alcalde de Orihuela y ex conseller de Obras Públicas y Urbanismo». Cartagena fue condenado en sentencia firme por el Tribunal Supremo a cuatro años de cárcel como autor de un delito de malversación de caudales públicos y otro de falsedad en documento mercantil, «por quedarse con 49.000 euros de las monjas». Y está pendiente de ser juzgado en el caso de las cesiones de crédito del Banco Santander.
Visto en Levante / EMV
González reaccionó así a las declaraciones de la secretaria ejecutiva de Política Social del PP y ex ministra de Sanidad, Ana Pastor, quien ayer dijo en Alicante que los casos que conoce de cargos públicos ingresados en prisión o que hayan presentado la dimisión en relación a supuestos delitos urbanísticos «son del PSOE». El socialista consideró que Pastor ampara «con el "y tú más" la situación reprobable de muchos alcaldes del PP en la provincia de Alicante». Aseguró que «en el PP hay una lista de nombres de alcaldes que actúan con muy poca decencia y que han acumulado un gran patrimonio desde que accedieron a sus respectivas alcaldías», y se refirió expresamente al de Torrevieja, Pedro Angel Hernández Mateo. Sobre éste, dijo que constituye «un pésimo ejemplo ético» al «beneficiarse de la especulación urbanística y obtener plusvalías de casi seis millones de euros comprando y vendiendo fincas a empresas con las que se relaciona como alcalde».
Además, el portavoz socialista recordó a Pastor que «Hernández Mateo está imputado por la presunta comisión de los delitos de prevaricación, tráfico de influencias y uso de información privilegiada». Los escándalos salpican a alcaldes como el de Alicante, Luis Díaz Alperi, y de Orihuela, José Manuel Medina, ambos imputados por numerosos y muy graves asuntos, pero también a otros como el de Dolores, Granja de Rocamora, Vila-joiosa, Hondón, Guadalest, Calp y Benissa, «todos bajo sospecha e investigados por actuaciones relacionadas con el urbanismo o irregularidades en la contratación pública», dijo.
González recordó que «el único alcalde de Alicante que está pendiente de ingresar en prisión es Luis Fernando Cartagena, militante del PP, ex alcalde de Orihuela y ex conseller de Obras Públicas y Urbanismo». Cartagena fue condenado en sentencia firme por el Tribunal Supremo a cuatro años de cárcel como autor de un delito de malversación de caudales públicos y otro de falsedad en documento mercantil, «por quedarse con 49.000 euros de las monjas». Y está pendiente de ser juzgado en el caso de las cesiones de crédito del Banco Santander.
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Europa estudia demandar al Gobierno porque el Consell no informa sobre los PAI
La Comisión Europea estudia la posibilidad de enviar al Gobierno de España «un dictamen motivado», un ultimátum precontencioso que puede acabar en el Tribunal de Justicia Europeo y en una sanción económica. La razón para ello es que la Generalitat no ha informado satisfactoriamente sobre las medidas adoptadas para evitar la tramitación de programas de actuación integrada (PAI), según una respuesta del comisario del Mercado Interior, Charlie McCreevy, al eurodiputado socialista Joan Calabuig.
El parlamentario valenciano presentó dos preguntas por escrito ante la Comisión, en las que se interesaba por las medidas adoptadas para adaptar la Ley Urbanística Valenciana (LUV) a la legislación comunitaria, así como por el número de Programas de Actuación Integrada (PAI) aprobados según la Ley Reguladora de la Actividad Urbanística (LRAU) desde que el 21 de marzo del 2005 la Comisión informara del expediente de infracción abierto contra esa normativa por estimar que incumplía las leyes de la UE. Calabuig también solicitaba saber las medidas tomadas para evitar adjudicar PAI según la LRAU a partir de esa misma fecha.
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El parlamentario valenciano presentó dos preguntas por escrito ante la Comisión, en las que se interesaba por las medidas adoptadas para adaptar la Ley Urbanística Valenciana (LUV) a la legislación comunitaria, así como por el número de Programas de Actuación Integrada (PAI) aprobados según la Ley Reguladora de la Actividad Urbanística (LRAU) desde que el 21 de marzo del 2005 la Comisión informara del expediente de infracción abierto contra esa normativa por estimar que incumplía las leyes de la UE. Calabuig también solicitaba saber las medidas tomadas para evitar adjudicar PAI según la LRAU a partir de esa misma fecha.
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El PSOE planea que el Estado vuelva a intervenir en el ordenamiento urbanístico
El PSOE presentará hoy un decálogo de medidas contra el "desarrollo urbanístico salvaje" y promoverá cambios legislativos para que el Estado intervenga, en colaboración con comunidades autónomas y ayuntamientos, en la ordenación del territorio. Para lograr ese objetivo, los socialistas aprovecharán la reforma de la Ley del Suelo, en tramitación en el Congreso, y su programa para las próximas elecciones municipales y autonómicas. En su oferta electoral incluirán la propuesta de crear comisiones mixtas formadas por el Estado, comunidades autónomas y áreas metropolitanas.
Además de la reforma de la Ley del Suelo presentada por la ministra de Vivienda, María Antonia Trujillo, el pasado mayo y que se encuentra en el Congreso en fase de presentación de enmiendas, el PSOE prepara un bloque de propuestas, que detallará en su programa electoral municipal, para frenar "el urbanismo especulativo". Esa parte del programa, dirigida por el responsable de Ciudades, Álvaro Cuesta, cuenta ya con numerosas aportaciones para perfilar "una nueva política urbanística y del territorio". La cúpula del PSOE estima que están saliendo a la luz escándalos de corrupción porque el Gobierno ha activado mecanismos "dormidos o inexistentes" para combatirla.
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El PSOE aprobará hoy diversas medidas contra el ´urbanismo salvaje´ y la ´especulación urbanística´
La dirección del PSOE aprobará hoy un decálogo de medidas contra el "urbanismo salvaje" y la "especulación urbanística" en el que se plantea la necesidad de una gestión racional del suelo "acabando con la política que potenció el PP durante sus 8 años de Gobierno de urbanismo incontrolado", según informaron fuentes de la Ejecutiva socialista.
A su juicio, fue esa "estrategia" de los gobiernos ´populares´ la que provocó los "casos de corrupción" actuales.
Aunque ayer el secretario de Organización y Coordinación del PSOE, José Blanco, avanzó que el PSOE formularía el lunes una propuesta al PP para acabar con la corrupción urbanística, finalmente el decálogo que verá la ´luz verde´ hoy será asumido por el partido que lidera José Luis Rodríguez Zapatero y, según Europa Press, no se planteará al resto de los partidos en términos de pacto. Eso sí, la dirección socialista cree que todas las formaciones deberían asumirla y "muy especialmente el PP".
La dirección socialista insiste en la tesis defendida por Blanco, esto es que la situación de corrupción que se está dando "es consecuencia de un urbanismo salvaje alimentado durante los años de gobierno del Partido Popular a partir de la modificación de la Ley del Suelo" y de que "se había vaciado de contenido la Fiscalía Anticorrupción".
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Además de la reforma de la Ley del Suelo presentada por la ministra de Vivienda, María Antonia Trujillo, el pasado mayo y que se encuentra en el Congreso en fase de presentación de enmiendas, el PSOE prepara un bloque de propuestas, que detallará en su programa electoral municipal, para frenar "el urbanismo especulativo". Esa parte del programa, dirigida por el responsable de Ciudades, Álvaro Cuesta, cuenta ya con numerosas aportaciones para perfilar "una nueva política urbanística y del territorio". La cúpula del PSOE estima que están saliendo a la luz escándalos de corrupción porque el Gobierno ha activado mecanismos "dormidos o inexistentes" para combatirla.
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La dirección del PSOE aprobará hoy un decálogo de medidas contra el "urbanismo salvaje" y la "especulación urbanística" en el que se plantea la necesidad de una gestión racional del suelo "acabando con la política que potenció el PP durante sus 8 años de Gobierno de urbanismo incontrolado", según informaron fuentes de la Ejecutiva socialista.
A su juicio, fue esa "estrategia" de los gobiernos ´populares´ la que provocó los "casos de corrupción" actuales.
Aunque ayer el secretario de Organización y Coordinación del PSOE, José Blanco, avanzó que el PSOE formularía el lunes una propuesta al PP para acabar con la corrupción urbanística, finalmente el decálogo que verá la ´luz verde´ hoy será asumido por el partido que lidera José Luis Rodríguez Zapatero y, según Europa Press, no se planteará al resto de los partidos en términos de pacto. Eso sí, la dirección socialista cree que todas las formaciones deberían asumirla y "muy especialmente el PP".
La dirección socialista insiste en la tesis defendida por Blanco, esto es que la situación de corrupción que se está dando "es consecuencia de un urbanismo salvaje alimentado durante los años de gobierno del Partido Popular a partir de la modificación de la Ley del Suelo" y de que "se había vaciado de contenido la Fiscalía Anticorrupción".
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El fin de la tregua de Rajoy
Rajoy se lo preguntó a Zapatero en la sesión de control del 19 de octubre de 2005: “Opinión del Gobierno sobre si se está dando respuesta a los problemas reales de los españoles”. La pregunta parecía un poco tonta –lo normal es contestar que sí- pero encerraba dos dificultades añadidas. La primera era determinar cuáles eran esos problemas reales; la segunda, averiguar qué entendía Rajoy por “los problemas de la gente”. Cabría pensar que cada miércoles en el Congreso Rajoy, como un certero barómetro ciudadano, ha puesto el dedo en la llaga de esos problemas, en el entendimiento de que lo que preocupa a la gente desazona al líder de la oposición. El resultado es el siguiente: los dos grandes problemas de los españoles son, por este orden, ETA en sus distintas variantes (Batasuna, negociación, rendición) y el Estatuto de Cataluña.
De las 51 preguntas formuladas por Rajoy a Zapatero desde mayo de 2004, no menos de diez han tenido como argumento el terrorismo y a Batasuna y otras tantas se ha centrado en el ‘problema catalán’. ¿Cuántas veces ha preguntado Rajoy por la inmigración? Dos. ¿Por el problema del agua? Una. ¿Por la vivienda? Una. ¿Por la educación? Una. ¿Por el empleo? Una, y en octubre de 2004. El resto versan sobre asuntos exteriores (3), economía (reforma fiscal, Presupuestos, operaciones empresariales...) y Justicia (3), fundamentalmente. En consecuencia, dos son los grandes problemas, porque uno no va a dudar a estas alturas del olfato del presidente del PP. El resto, o son problemillas o son irreales o no son problemas de los españoles.
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De las 51 preguntas formuladas por Rajoy a Zapatero desde mayo de 2004, no menos de diez han tenido como argumento el terrorismo y a Batasuna y otras tantas se ha centrado en el ‘problema catalán’. ¿Cuántas veces ha preguntado Rajoy por la inmigración? Dos. ¿Por el problema del agua? Una. ¿Por la vivienda? Una. ¿Por la educación? Una. ¿Por el empleo? Una, y en octubre de 2004. El resto versan sobre asuntos exteriores (3), economía (reforma fiscal, Presupuestos, operaciones empresariales...) y Justicia (3), fundamentalmente. En consecuencia, dos son los grandes problemas, porque uno no va a dudar a estas alturas del olfato del presidente del PP. El resto, o son problemillas o son irreales o no son problemas de los españoles.
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