El grupo del PP en el Ayuntamiento de Burriana se negó ayer, en bloque, a votar a favor de crear una comisión de investigación sobre el polémico programa de actuación integrada (PAI) Pedrera Port. Ante un salón de plenos abarrotado, el alcalde, Alfonso Ferrada, argumentó que el reglamento no contempla este tipo de órganos y desvió el debate a las comisiones informativas de Urbanismo, en las que se tratan temas ordinarios.
El objetivo de la comisión, según el texto de la moción, era "dilucidar si ha habido tráfico de influencias y utilización e información privilegiada, así como la conveniencia y transparencia en la tramitación del PAI". En cualquier caso, Ferrada volvió a recurrir a las descalificaciones y a retar a ir a los tribunales a quienes consideren que en la adjudicación ha habido algún tipo de ilegalidad.
El PP votó en bloque a la moción presentada por la oposición en bloque (PSPV, Bloc y UV). En este caso, no tuvo la disidencia de la concejal Mariola Aguilera que, por este mismo procedimiento, provocó una crisis en el equipo de gobierno que obligó a intervenir al presidente del PP provincial, Carlos Fabra.
Alfonso Ferrada mantuvo que la rápida e inusual adjudicación del PAI "fue legal" y, aunque admitió "conocer" a uno de los adjudicatarios, Carlos Esteve, aseguró que la relación con éste no es de amistad. El alcalde de Burriana adjudicó el desarrollo de 700.000 metros cuadrados de una franja próxima a la costa, pese a la existencia de un informe técnico jurídico, firmado por cuatro funcionarios, contrario a dicha adjudicación. La adjudicataria, Corporación Inmobiliaria Albia, SA, había adquirido meses antes terrenos rústicos que, con la aprobación, se recalificarían como urbanizables. Más de un año antes, otro empresario presentó una propuesta para urbanizar parte del mismo terreno pero el PP no tramitó el expediente.
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viernes, octubre 06, 2006
Precintadas y en obras
Hay en el Camí La Mar de Almassora dos edificaciones que se están levantando sobre suelo no urbanizable de protección agrícola. Las construcciones han sido precintadas y sancionadas por el Ayuntamiento pero tales medidas no han sido obstáculo para que sus promotores sigan con la obra con total impunidad. Al contrario, el proyecto está cada vez más avanzado mientras el equipo de gobierno del municipio, del PP, pese a las reiteradas denuncias de la oposición, no adopta una determinación que zanje la ilegalidad.
Las primeras denuncias se realizaron hace más de cinco meses, entre febrero y marzo de este mismo año cuando, en un lugar visible y transitable como es uno de los caminos que unen el casco urbano de Almassora con la playa, detectaron movimiento de tierras en una superficie que está calificada como no urbanizable. Poco después el movimiento se convirtió en el inicio de una obra para la construcción de dos edificaciones. La denuncia, realizada durante una de las reuniones de la comisión de Urbanismo, tuvo como resultado la visita a las obras, la constatación de su ejecución en suelo rústico y la apertura de un expediente sancionador. Además, los funcionarios municipales procedieron al precinto de ambas obras con el fin de que no pudieran continuar. Así, se rodeó el lugar con cinta de policía y se colocó, en un lugar visible para todo el mundo, la advertencia de la ilegalidad. Sin embargo, de nada sirvió la medida y los promotores siguieron con su trabajo, para lo cual tuvieron que romper el precinto. Eso ocurrió en junio, y en septiembre el concejal del Bloc, Xavier Trenco, volvió a denunciar la pasividad de la inspección.
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Las primeras denuncias se realizaron hace más de cinco meses, entre febrero y marzo de este mismo año cuando, en un lugar visible y transitable como es uno de los caminos que unen el casco urbano de Almassora con la playa, detectaron movimiento de tierras en una superficie que está calificada como no urbanizable. Poco después el movimiento se convirtió en el inicio de una obra para la construcción de dos edificaciones. La denuncia, realizada durante una de las reuniones de la comisión de Urbanismo, tuvo como resultado la visita a las obras, la constatación de su ejecución en suelo rústico y la apertura de un expediente sancionador. Además, los funcionarios municipales procedieron al precinto de ambas obras con el fin de que no pudieran continuar. Así, se rodeó el lugar con cinta de policía y se colocó, en un lugar visible para todo el mundo, la advertencia de la ilegalidad. Sin embargo, de nada sirvió la medida y los promotores siguieron con su trabajo, para lo cual tuvieron que romper el precinto. Eso ocurrió en junio, y en septiembre el concejal del Bloc, Xavier Trenco, volvió a denunciar la pasividad de la inspección.
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Guardamar, Rojales y Elche son los únicos municipios que han derribado viviendas
A pesar de las miles de viviendas ilegales construidas en las comarcas de la Vega Baja y en el Bajo Vinalopó, la demolición de las mismas destaca por su ausencia, ante la inactividad municipal en primera instancia y de la Generalitat en segunda.
Los únicos tres ayuntamientos del sur de la provincia de Alicante que han decretado y ejecutado el derribo de viviendas ilegales por distintos motivos y en diversas situaciones han sido Rojales, Elche y Guardamar del Segura, los tres con equipos de gobierno del PSOE.
Además, en los tres municipios existen otros expedientes de infracción urbanística que se tramitan en estos momentos y cuyo fin es proceder a nuevas demoliciones.
En los casos de Guardamar del Segura y Rojales se han derribado hasta el momento cuatro viviendas ilegales al no contar con ningún tipo de licencia ni autorización.
Tres de ellas lo han sido en el primer municipio y las restantes en el segundo.
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Los únicos tres ayuntamientos del sur de la provincia de Alicante que han decretado y ejecutado el derribo de viviendas ilegales por distintos motivos y en diversas situaciones han sido Rojales, Elche y Guardamar del Segura, los tres con equipos de gobierno del PSOE.
Además, en los tres municipios existen otros expedientes de infracción urbanística que se tramitan en estos momentos y cuyo fin es proceder a nuevas demoliciones.
En los casos de Guardamar del Segura y Rojales se han derribado hasta el momento cuatro viviendas ilegales al no contar con ningún tipo de licencia ni autorización.
Tres de ellas lo han sido en el primer municipio y las restantes en el segundo.
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El Seprona recibe órdenes de perseguir la construcción ilegal de la provincia tras el caso de Catral
Los agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (Seprona) han recibido ordenes a raíz de la intervención del Consell en Catral, a cuyo Ayuntamiento gobernado por el PSOE ha retirado las competencias urbanísticas, para que intensifiquen las investigaciones en todo el territorio provincial, con el objetivo de detectar y abrir los correspondientes expedientes a todas las construcciones ilegales.
Por otro lado, el Seprona se encuentra investigando desde hace meses, al igual que en Catral, la construcción de cientos viviendas levantadas en suelo no urbanizable de la huerta de Dolores, en este caso una localidad gobernada por el PP. Los expedientes instruidos por la Guardia Civil están siendo remitidos al fiscal de Medio Ambiente y al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 5 de Orihuela, es decir, donde también se investigan las más de 1.200 viviendas ilegales de la huerta de Catral, por un supuesto delito contra la ordenación del Territorio. Fuentes cercanas a los Juzgados de Orihuela explican que las diligencias podrían incluir, ademas, los supuestos delitos de cohecho y prevaricación contra responsables políticos.
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Por otro lado, el Seprona se encuentra investigando desde hace meses, al igual que en Catral, la construcción de cientos viviendas levantadas en suelo no urbanizable de la huerta de Dolores, en este caso una localidad gobernada por el PP. Los expedientes instruidos por la Guardia Civil están siendo remitidos al fiscal de Medio Ambiente y al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 5 de Orihuela, es decir, donde también se investigan las más de 1.200 viviendas ilegales de la huerta de Catral, por un supuesto delito contra la ordenación del Territorio. Fuentes cercanas a los Juzgados de Orihuela explican que las diligencias podrían incluir, ademas, los supuestos delitos de cohecho y prevaricación contra responsables políticos.
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Caso Catral: El alcalde alegará la decisión del Consell y estudia querellarse contra González Pons
El alcalde socialista de Catral, José Manuel Rodríguez Leal, anunció ayer que presentará alegaciones contra la decisión de la Conselleria de Territorio y Vivienda de retirar las competencias urbanísticas de este Ayuntamiento al apreciar «defectos de forma» en la notificación.
Según señaló el alcalde, que calificó la medida adoptada por el Consell de «atropello», sus asesores legales han constatado en la notificación de la resolución que le entregó en mano el pasado martes el director territorial de la Conselleria en Alicante, Ramón Rizo, «defectos administrativos de bulto».
Rodríguez Leal se refirió a la última página de la resolución, donde se ordena el inicio de actuaciones para determinar los hechos susceptibles de sanción e identificar a los responsables de los mismos, todo ello «en el ámbito del suelo no urbanizable del término municipal de Catral respecto a las parcelas que quedan descritas en el anexo que se acompaña a la presente». El anexo aludido no le ha sido entregado por la Conselleria y sostiene que tampoco figura en la resolución la «motivación real» correspondiente al ámbito disciplinario.
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Catral recurrirá la suspensión de sus normas urbanísticas ( El Pais )
El Consell anuncia que se personará en el proceso judicial por el urbanismo de Catral
La Generalitat se personará en las diligencias previas abiertas por el Juzgado de Instrucción número 5 de Orihuela en relación a las supuestas irregularidades urbanísticas cometidas en el municipio de Catral, según informó ayer la Conselleria de Territorio y Vivienda.
Por otra parte el secretario de Urbanismo del PSPV-PSOE, Eugenio Burriel, se refirió ayer a la situación urbanística de la Comunitat Valenciana, que calificó de «desastrosa», ya que «no se trata sólo de Catral, sino de decenas de miles de viviendas en muchos municipios en su mayoría gobernados por el PP».
De esta forma, el responsable socialista señala que este desastre urbanístico «no es fruto del azar y la casualidad, sino que es el resultado de once años de gobierno de Camps en la Generalitat, y ahora son precisamente los responsables los que se escandalizan».
En este sentido, Burriel afirma que el conseller de Territorio y Medio Ambiente, Esteban González Pons «se escandaliza de Catral mientras se tapa los ojos para no ver todas las causas judiciales pendientes por corrupción urbanística de muchos municipios gobernados por el PP», algo, que según afirma, «es fruto de la gestión del gobierno de Camps, que ha permitido, tolerado e impulsado ese tipo de urbanismo».
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‘Abusos Urbanísticos NO’ estudia denunciar el caso en Europa
Ya llevaron ante el Comité de Peticiones del Parlamento Europeo cerca de 15.000 denuncias, según sus cálculos, sobre supuestos abusos urbanísticos en la Comunitat Valenciana.
Ahora, con el nuevo caso de irregularidades en el uso del suelo, la plataforma Abusos Urbanísticos NO (AUN) estudia llevar el caso ante los altos funcionarios de la Unión Europea (UE).
“Primero tendremos que estimar si existen pruebas que determinen la existencia de abusos a los propietarios de esas viviendas y en el caso de que sea así, no dudaremos en denunciarlo en Europa”, aseguró Enrique Climent, portavoz de la asociación.
El responsable de la plataforma aseguró que AUN “tratará de ayudar a todos aquellos vecinos que se hayan visto afectados” por la construcción de viviendas sin licencia.
“No queremos inmiscuirnos en el caso, pero si los vecinos solicitan nuestra ayuda podremos a su disposición nuestra logística y les recomendaremos a los mejores abogados en la materia”, apostilló el portavoz de la asociación.
Visto en Las Provincias
Los arquitectos reclaman mano dura contra las ilegalidades
El Colegio de Arquitectos de la Comunidad Valenciana ha pedido una "actuación ejemplar" contra los responsables de las construcciones ilegales. La junta de gobierno de este órgano profesional se reunió ayer en Alicante tras la decisión del Consell de suspender la normas urbanísticas al Ayuntamiento de Catral. El decano, Juan Castillo, resaltó que el Colegio no ha visado nunca edificiación alguna en suelo no urbanizable.
La junta de gobierno del Colegio Oficial de Arquitectos de la Comunidad Valenciana se desplazó ayer por la tarde hasta Alicante para analizar el escándalo de construcciones ilegales en la Vega Baja. A la cita acudieron ocho arquitectos municipales, entre ellos el del Consistorio de Catral, Luis Rocamora.
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Según señaló el alcalde, que calificó la medida adoptada por el Consell de «atropello», sus asesores legales han constatado en la notificación de la resolución que le entregó en mano el pasado martes el director territorial de la Conselleria en Alicante, Ramón Rizo, «defectos administrativos de bulto».
Rodríguez Leal se refirió a la última página de la resolución, donde se ordena el inicio de actuaciones para determinar los hechos susceptibles de sanción e identificar a los responsables de los mismos, todo ello «en el ámbito del suelo no urbanizable del término municipal de Catral respecto a las parcelas que quedan descritas en el anexo que se acompaña a la presente». El anexo aludido no le ha sido entregado por la Conselleria y sostiene que tampoco figura en la resolución la «motivación real» correspondiente al ámbito disciplinario.
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Catral recurrirá la suspensión de sus normas urbanísticas ( El Pais )
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La Generalitat se personará en las diligencias previas abiertas por el Juzgado de Instrucción número 5 de Orihuela en relación a las supuestas irregularidades urbanísticas cometidas en el municipio de Catral, según informó ayer la Conselleria de Territorio y Vivienda.
Por otra parte el secretario de Urbanismo del PSPV-PSOE, Eugenio Burriel, se refirió ayer a la situación urbanística de la Comunitat Valenciana, que calificó de «desastrosa», ya que «no se trata sólo de Catral, sino de decenas de miles de viviendas en muchos municipios en su mayoría gobernados por el PP».
De esta forma, el responsable socialista señala que este desastre urbanístico «no es fruto del azar y la casualidad, sino que es el resultado de once años de gobierno de Camps en la Generalitat, y ahora son precisamente los responsables los que se escandalizan».
En este sentido, Burriel afirma que el conseller de Territorio y Medio Ambiente, Esteban González Pons «se escandaliza de Catral mientras se tapa los ojos para no ver todas las causas judiciales pendientes por corrupción urbanística de muchos municipios gobernados por el PP», algo, que según afirma, «es fruto de la gestión del gobierno de Camps, que ha permitido, tolerado e impulsado ese tipo de urbanismo».
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Ya llevaron ante el Comité de Peticiones del Parlamento Europeo cerca de 15.000 denuncias, según sus cálculos, sobre supuestos abusos urbanísticos en la Comunitat Valenciana.
Ahora, con el nuevo caso de irregularidades en el uso del suelo, la plataforma Abusos Urbanísticos NO (AUN) estudia llevar el caso ante los altos funcionarios de la Unión Europea (UE).
“Primero tendremos que estimar si existen pruebas que determinen la existencia de abusos a los propietarios de esas viviendas y en el caso de que sea así, no dudaremos en denunciarlo en Europa”, aseguró Enrique Climent, portavoz de la asociación.
El responsable de la plataforma aseguró que AUN “tratará de ayudar a todos aquellos vecinos que se hayan visto afectados” por la construcción de viviendas sin licencia.
“No queremos inmiscuirnos en el caso, pero si los vecinos solicitan nuestra ayuda podremos a su disposición nuestra logística y les recomendaremos a los mejores abogados en la materia”, apostilló el portavoz de la asociación.
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Los arquitectos reclaman mano dura contra las ilegalidades
El Colegio de Arquitectos de la Comunidad Valenciana ha pedido una "actuación ejemplar" contra los responsables de las construcciones ilegales. La junta de gobierno de este órgano profesional se reunió ayer en Alicante tras la decisión del Consell de suspender la normas urbanísticas al Ayuntamiento de Catral. El decano, Juan Castillo, resaltó que el Colegio no ha visado nunca edificiación alguna en suelo no urbanizable.
La junta de gobierno del Colegio Oficial de Arquitectos de la Comunidad Valenciana se desplazó ayer por la tarde hasta Alicante para analizar el escándalo de construcciones ilegales en la Vega Baja. A la cita acudieron ocho arquitectos municipales, entre ellos el del Consistorio de Catral, Luis Rocamora.
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La «Operación Malaya» busca tramas políticas en la provincia y en Murcia
La tercera fase de la «Operación Malaya», cuyas pesquisas ultiman el juez Miguel Ángel Torres y la Policía, abarcará la presunta implicación de altos cargos de partidos políticos nacionales, así como de las comunidades de Valencia y Murcia, en adjudicaciones de concursos, concesiones administrativas, subvenciones y recalificaciones urbanísticas.
La justicia trata de establecer si cargos públicos de las comunidades de Valencia y Murcia estarían implicados en presuntas actuaciones irregulares en las provincias de Alicante y Murcia que pudieran haber favorecido los intereses del cerebro de la trama marbellí, Juan Antonio Roca, a través de su red de testaferros y empresas interpuestas.
Dichas fuentes indicaron que el juez Torres ha dividido el sumario en tres partes. La primera abarca los presuntos delitos cometidos por funcionarios y cargos públicos del Ayuntamiento de Marbella en actos administrativos. La segunda se centra en los presuntos delitos de blanqueo de capitales atribuidos a Juan Antonio Roca y su red de testaferros y sociedades.
Por último, la tercera fase, como queda referido, abarcaría la presunta implicación de altos cargos de partidos políticos nacionales, así como de las comunidades de Valencia y Murcia, en adjudicaciones de concursos, concesiones administrativas, subvenciones y recalificaciones urbanísticas.
Uno de los casos más documentados se refiere a la finca murciana de Lo Poyo, de cinco millones de metros cuadrados de terreno no urbanizable cuyo expediente de recalificación, ya en su fase de aprobación definitiva, permitirá la construcción de 5.000 viviendas junto a un paraje natural protegido.
En la finca La Loma, propiedad de Roca y situada en el municipio murciano de Los Alcázares, registrada por orden del juez Torres el 29 de marzo, la policía encontró una carpeta roja con documentación y el nombre de Lo Poyo en su cubierta.
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Promociones inmobiliarias y pagos por actuaciones
Parte de las investigaciones desarrolladas en lo que conformará la «Operación Mañana III» se refieren a las inversiones realizadas por afamados actores y cantantes con intereses en Marbella, que habrían invertido fuertes sumas de dinero en negocios y promociones inmobiliarias ligadas a Roca.
Según explicaron fuentes policiales, mientras en unos casos se trata de la adquisición de fincas y de promociones inmobiliarias realizadas con la mediación de la «trama marbellí» en las provincias de Alicante y Murcia, en otros casos se trataría del pago por actuaciones profesionales o promociones a favor de Marbella. Al parecer, según dichas fuentes, estas inversiones fueron realizadas a través de sociedades interpuestas o de testaferros, aunque en algunos casos la relación con los personajes del espectáculo resulta «ineludible».
Las fuentes consultadas indicaron, no obstante, que en muchos casos se trataría únicamente de meros fraudes al fisco, al haberse distraído del control de Hacienda elevadas cantidades de dinero, pero se trataría de delitos menores.
En esa situación se encontraría una importante actriz y empresaria agropecuaria, que habría invertido parte de su capital en apartamentos de lujo en la costa mediterránea.
No es el caso, en cambio, de un catante de fama internacional cuyas empresas se habrían servido de las influencias de Roca y sus socios para obtener recalificaciones urbanísticas en Alicante y Murcia, donde han desarrollado promociones inmobiliarias.
Las investigaciones judiciales y policiales se extenderían igualmente al ámbito político para averiguar si hubo tráfico de influencias y si cargos públicos de la región pudieron haberse beneficiado a cambio de apoyar las irregularidades urbanísticas y administrativas.
Visto en Levante / EMV
La justicia trata de establecer si cargos públicos de las comunidades de Valencia y Murcia estarían implicados en presuntas actuaciones irregulares en las provincias de Alicante y Murcia que pudieran haber favorecido los intereses del cerebro de la trama marbellí, Juan Antonio Roca, a través de su red de testaferros y empresas interpuestas.
Dichas fuentes indicaron que el juez Torres ha dividido el sumario en tres partes. La primera abarca los presuntos delitos cometidos por funcionarios y cargos públicos del Ayuntamiento de Marbella en actos administrativos. La segunda se centra en los presuntos delitos de blanqueo de capitales atribuidos a Juan Antonio Roca y su red de testaferros y sociedades.
Por último, la tercera fase, como queda referido, abarcaría la presunta implicación de altos cargos de partidos políticos nacionales, así como de las comunidades de Valencia y Murcia, en adjudicaciones de concursos, concesiones administrativas, subvenciones y recalificaciones urbanísticas.
Uno de los casos más documentados se refiere a la finca murciana de Lo Poyo, de cinco millones de metros cuadrados de terreno no urbanizable cuyo expediente de recalificación, ya en su fase de aprobación definitiva, permitirá la construcción de 5.000 viviendas junto a un paraje natural protegido.
En la finca La Loma, propiedad de Roca y situada en el municipio murciano de Los Alcázares, registrada por orden del juez Torres el 29 de marzo, la policía encontró una carpeta roja con documentación y el nombre de Lo Poyo en su cubierta.
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Promociones inmobiliarias y pagos por actuaciones
Parte de las investigaciones desarrolladas en lo que conformará la «Operación Mañana III» se refieren a las inversiones realizadas por afamados actores y cantantes con intereses en Marbella, que habrían invertido fuertes sumas de dinero en negocios y promociones inmobiliarias ligadas a Roca.
Según explicaron fuentes policiales, mientras en unos casos se trata de la adquisición de fincas y de promociones inmobiliarias realizadas con la mediación de la «trama marbellí» en las provincias de Alicante y Murcia, en otros casos se trataría del pago por actuaciones profesionales o promociones a favor de Marbella. Al parecer, según dichas fuentes, estas inversiones fueron realizadas a través de sociedades interpuestas o de testaferros, aunque en algunos casos la relación con los personajes del espectáculo resulta «ineludible».
Las fuentes consultadas indicaron, no obstante, que en muchos casos se trataría únicamente de meros fraudes al fisco, al haberse distraído del control de Hacienda elevadas cantidades de dinero, pero se trataría de delitos menores.
En esa situación se encontraría una importante actriz y empresaria agropecuaria, que habría invertido parte de su capital en apartamentos de lujo en la costa mediterránea.
No es el caso, en cambio, de un catante de fama internacional cuyas empresas se habrían servido de las influencias de Roca y sus socios para obtener recalificaciones urbanísticas en Alicante y Murcia, donde han desarrollado promociones inmobiliarias.
Las investigaciones judiciales y policiales se extenderían igualmente al ámbito político para averiguar si hubo tráfico de influencias y si cargos públicos de la región pudieron haberse beneficiado a cambio de apoyar las irregularidades urbanísticas y administrativas.
Visto en Levante / EMV
San Vicente: El Bloc y EU piden a González Pons que impida la urbanización del Sabinar
El Bloc y EU exigirán la intervención del conseller de Territorio y Vivienda, Esteban González Pons, para evitar que se destruya el paraje del Sabinar. Ambos grupos han pedido mantener una entrevista con el máximo responsable de la planificación urbanística de la Generalitat para que haga valer «las manifestaciones que ha realizado en el sentido de buscar un pacto para la protección del paisaje y del medio ambiente de la Comunidad Valenciana». Los grupos apelan a su ofrecimiento para «el consenso y el diálogo» y entienden que «es el camino adecuado para la salvaguardia y la ordenación racional del territorio». Por ello le exigen que dé un paso más y paralice la tramitación de un proyecto que contempla un campo de golf y más de 600 viviendas en la única zona preservable del municipio.
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Alicante: Costas pide informes de las piscinas de Ciudad de la Luz
El Servicio Provincial de Costas, cuya resolución es fundamental para que la Generalitat pueda ocupar un tramo de la cala de los Borrachos, integrado en el dominio público marítimo-terrestre, para construir las piscinas y platós acuáticos de la Ciudad de la Luz, ha solicitado al Ayuntamiento un informe sobre este proyecto. Costas advierte de que proseguirá adelante en la resolución de este asunto si en un mes el Ayuntamiento no le remite dicho informe.
La decisión que tome Costas no está muy clara ya que hay que tener en cuenta que este organismo del Ministerio de Medio Ambiente tiene como función fundamental la defensa de la zona de dominio público del litoral y en el proyecto de la Generalitat se ocupan 9.626 metros cuadrados de dicho dominio público, al situarse los platós en el borde litoral.
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La decisión que tome Costas no está muy clara ya que hay que tener en cuenta que este organismo del Ministerio de Medio Ambiente tiene como función fundamental la defensa de la zona de dominio público del litoral y en el proyecto de la Generalitat se ocupan 9.626 metros cuadrados de dicho dominio público, al situarse los platós en el borde litoral.
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jueves, octubre 05, 2006
Cayuquero, mi amor: Emigrantes españoles, el pasado de un drama actual
Qué...
Emigración española. En Venezuela habitan hoy 126.000 españoles, la mayoría de origen canario o gallego (el 54% regresaron). Sólo entre 1948-1950, unos 12.000 canarios emigraron. Entre 1900 y 1913, 180.000 emigrantes españoles zarparon al año.
Quién...
Por comunidades. Los gallegos, canarios, vascos, catalanes y andaluces fueron los que más emigraron.
Cómo...
Varias vías. Dependió de la época, y de las leyes migratorias. Hubo cargamentos clandestinos, embarcados en alta mar, o en los puertos de Burdeos, Lisboa, Marsella o Gibraltar, lugares más permisivos. También hubo inmigrantes que viajaron de modo legal, acudiendo a las propuestas de empleo.
Por qué...
Hambre y riquezas. Emigraron por la miseria reinante en el país, o siguiendo a los reclutadores latinoamericanos que prometían riqueza, o a sus propios familiares por sus cartas.
"Júrame que no morirás", le dijo, siendo niña, Blanca Azcona a su padre, Paco. "Miénteme, dime que estaremos siempre juntos, unidos, como eternos Don Quijote y Sancho Panza", susurró con cálido acento venezolano. Paco Azcona, su "papá", ‘incumplió’ la promesa, y murió a la edad de 76 años. ¿Acaso podía cumplirla?
En su entierro, en el municipio venezolano de Guarena, sonó el segundo himno de aquel país: Alma llanera. Y cuando la tierra que le había acogido cayó sobre el féretro, sus hijos improvisaron una isa canaria, su última voluntad: "Palmero sube a la Palma…"
De su memoria sobreviven los recuerdos de sus tres hijos (Blanca, Raquel y Jesús). Y de su historia, una cinta de casette en la que narró el calamitoso viaje.
(...)Más en 20minutos.es
El PGOU de Finestrat prevé elevar su población de 5.000 a 50.000 personas
El Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Finestrat contempla un incremento poblacional que supondrá un aumento de 5.000 a 50.000 habitantes, según denunció ayer el grupo municipal popular de la localidad.
El Plan General se encuentra ahora en el periodo de resolución de alegaciones, tras finalizar la exposición pública del concierto previo. La resolución de las alegaciones podría elevarse a la sesión plenaria de octubre para su debate por los miembros de la corporación municipal.
Los «populares» explicaron que Finestrat tiene más de veinte planes parciales en tramitación en base a las normas subsidiarias vigentes, dos planes parciales presentados sobre suelo rústico y otros siete previstos en el concierto previo.
Además, los populares destacaron la intención socialista de ampliar en más del doble el casco urbano de Finestrat, pasando de 59.000 a 112.000 metros cuadrados. Esto supone, según los «populares», que toda la huerta del entorno municipal, donde se ubica el mayor número de las casas de campo de los vecinos, se vea afectada pasando sus fincas a ser suelo urbanizable.
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El Plan General se encuentra ahora en el periodo de resolución de alegaciones, tras finalizar la exposición pública del concierto previo. La resolución de las alegaciones podría elevarse a la sesión plenaria de octubre para su debate por los miembros de la corporación municipal.
Los «populares» explicaron que Finestrat tiene más de veinte planes parciales en tramitación en base a las normas subsidiarias vigentes, dos planes parciales presentados sobre suelo rústico y otros siete previstos en el concierto previo.
Además, los populares destacaron la intención socialista de ampliar en más del doble el casco urbano de Finestrat, pasando de 59.000 a 112.000 metros cuadrados. Esto supone, según los «populares», que toda la huerta del entorno municipal, donde se ubica el mayor número de las casas de campo de los vecinos, se vea afectada pasando sus fincas a ser suelo urbanizable.
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Orxeta: El Xoriguer denuncia que toneladas de vertidos de áridos han soterrado un cauce
El grupo ecologista de El Xoriguer denunció ayer que toneladas de vertidos de áridos han soterrado estas últimas semanas un cauce, que es afluente del río Amadorio, situado en el término municipal de Orxeta, concretamente en las inmediaciones del cruce de Relleu de la carretera comarcal y enfrente del antiguo vertedero de Orxeta.
Según los ecologistas, el vaciado repetitivo de los camiones ocasionó que, en la zona, se hayan depositado gran cantidad de toneladas de áridos de diferente granulometría hasta soterrar un cauce de 300 metros de longitud, 20 metros de profundidad y 40 de anchura, invadiendo el dominio público hidráulico. Estos áridos, por su composición, color, y textura, «nos demuestran que proceden del termino municipal de Orxeta, concretamente de las obras que se están realizando frente a la finca denominada La Ilicitana y en el paraje conocido como El Collao», apuntó el grupo ecologista. Los depósitos de áridos tuvieron lugar sobre antiguos cultivos y «muy probablemente en antiguas canteras de yeso rojo de edad triásica, en un suelo catalogado como rústico no urbanizable forestal y sin poseer autorización ni por parte de la Conselleria de Medio Ambiente ni de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ)».
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Según los ecologistas, el vaciado repetitivo de los camiones ocasionó que, en la zona, se hayan depositado gran cantidad de toneladas de áridos de diferente granulometría hasta soterrar un cauce de 300 metros de longitud, 20 metros de profundidad y 40 de anchura, invadiendo el dominio público hidráulico. Estos áridos, por su composición, color, y textura, «nos demuestran que proceden del termino municipal de Orxeta, concretamente de las obras que se están realizando frente a la finca denominada La Ilicitana y en el paraje conocido como El Collao», apuntó el grupo ecologista. Los depósitos de áridos tuvieron lugar sobre antiguos cultivos y «muy probablemente en antiguas canteras de yeso rojo de edad triásica, en un suelo catalogado como rústico no urbanizable forestal y sin poseer autorización ni por parte de la Conselleria de Medio Ambiente ni de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ)».
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Planes inicia la construcción de 295 chalés junto al pantano
Las obras de la urbanización del Mas de la Foia, en término municipal de Planes, ya han dado comienzo. El proyecto contempla la construcción de 295 chalés en las proximidades del pantano de Beniarrés, a través de una inversión cercana a los ocho millones de euros. La superficie afectada es de 500.000 metros cuadrados, un 40% de la cual estará ocupada por zonas verdes.Tal y como ha venido informando este diario, el Ayuntamiento de Planes ha venido gestionando a lo largo de los últimos meses los trámites necesarios para posibilitar la construcción de una urbanización de 295 chalés en el Mas de la Foia, cerca del pantano de Beniarrés. El proyecto fue presentado en su momento por una empresa urbanizadora que ya ha llevado a cabo distintas actuaciones, fundamentalmente en la zona de la costa. Los trabajos, que se han iniciado con el desmonte de tierras, supondrán una inversión cercana a los ocho millones de euros. Inicialmente se va a trabajar en las calles, accesos y la instalación de las distintas infraestructuras urbanas, si bien está previsto que, en el momento que sea posible, se pueda simultanear la construcción de las casas. El plazo de ejecución en este sentido ronda el año y medio.
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Moción de censura
Hoy ha comenzado el debate de la primera moción de censura que se presenta en el Parlamento valenciano. Y lo hace de la peor forma posible:
a) El Presidente de la Generalitat acude al debate de la moción de censura contra él hora y media después de iniciarse. A eso se le llama respeto a las instituciones que el mismo representa.
b) Desalojadas de las Cortes Valencianas las cámaras de TVE. La falta de transparencia informativa es una de las máximas del actual gobierno valenciano.
No querían sopa, pues doble taza. Mañana debate de política general.
Visto en otromundoesposible
El PP rechaza censurar a Camps en un debate marcado por la corrupción
Las Cortes Valencianas rechazaron ayer la primera moción de censura presentada en la historia del parlamentarismo autonómico contra el presidente de la Generalitat, Francisco Camps. No hubo sorpresas al final y la iniciativa reprobatoria del PSPV recibió el voto en contra de los 47 diputados del PP, 35 a favor de los socialistas y siete abstenciones: seis de EU y una del grupo mixto. Las denuncias socialistas de supuesta corrupción por parte del PP, con especial mención a casos de la provincia de Alicante, marcaron el debate, que también se caracterizó por el desdén con el que lo vivió el Consell, con su presidente Camps a la cabeza: ningún miembro del Gobierno intervino y todas las réplicas populares las protagonizó su portavoz parlamentario, Serafín Castellano.
Un sonoro aplauso desde las bancadas socialistas y populares zanjó a las 20.03 la lectura del resultado de la votación de la moción de censura, que pareció contentar a los dos grupos mayoritarios: a los populares porque el PSPV no recibió el apoyo de EU ni del diputado del grupo mixto, y a los socialistas por entender que su propuesta de reprobación a Camps les ha permitido tomar la iniciativa en este decisivo curso electoral y les ha consolidado como alternativa seria de Gobierno.
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Pla ofrece al PP un pacto para investigar a los cargos acusados de irregularidades
El secretario general del PSPV y candidato a la Generalitat, Joan Ignasi Pla, cumplió ayer con el guión y lanzó, junto a su programa de gobierno, un paquete de medidas de regeneración democrática para tratar de atajar los casos de presunta corrupción que azotan al PP, uno de los motivos de la moción de censura. Pla ofreció a los populares un pacto para investigar a todos los cargos públicos, de uno y otro bando, salpicados por irregularidades en la gestión pública e, incluso, retó a Camps a suspender de militancia a los dirigentes imputados hasta que se produzca una resolución judicial en firme.
El líder del PSPV dividió su intervención, a la que le faltaron cuatro minutos para la hora y media y en la que alternó momentos de tensión con otros de tedio en las tribunas, en dos partes. Una primera con un paquete de medidas para poner en marcha a lo largo de la próxima legislatura y, la segunda, con un plan de choque de treinta actuaciones concretas a aplicar de forma inmediata. En ese listado de decisiones urgentes, Pla incluyó las dedicadas a recuperar la ética en la gestión que, según el líder socialista, son «inaplazables» ante el deterioro de las instituciones públicas. «Los ciudadanos no nos perdonarían el silencio», proclamó.
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Un sonoro aplauso desde las bancadas socialistas y populares zanjó a las 20.03 la lectura del resultado de la votación de la moción de censura, que pareció contentar a los dos grupos mayoritarios: a los populares porque el PSPV no recibió el apoyo de EU ni del diputado del grupo mixto, y a los socialistas por entender que su propuesta de reprobación a Camps les ha permitido tomar la iniciativa en este decisivo curso electoral y les ha consolidado como alternativa seria de Gobierno.
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Pla ofrece al PP un pacto para investigar a los cargos acusados de irregularidades
El secretario general del PSPV y candidato a la Generalitat, Joan Ignasi Pla, cumplió ayer con el guión y lanzó, junto a su programa de gobierno, un paquete de medidas de regeneración democrática para tratar de atajar los casos de presunta corrupción que azotan al PP, uno de los motivos de la moción de censura. Pla ofreció a los populares un pacto para investigar a todos los cargos públicos, de uno y otro bando, salpicados por irregularidades en la gestión pública e, incluso, retó a Camps a suspender de militancia a los dirigentes imputados hasta que se produzca una resolución judicial en firme.
El líder del PSPV dividió su intervención, a la que le faltaron cuatro minutos para la hora y media y en la que alternó momentos de tensión con otros de tedio en las tribunas, en dos partes. Una primera con un paquete de medidas para poner en marcha a lo largo de la próxima legislatura y, la segunda, con un plan de choque de treinta actuaciones concretas a aplicar de forma inmediata. En ese listado de decisiones urgentes, Pla incluyó las dedicadas a recuperar la ética en la gestión que, según el líder socialista, son «inaplazables» ante el deterioro de las instituciones públicas. «Los ciudadanos no nos perdonarían el silencio», proclamó.
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Caso Catral: El Consell embargará cuentas de los promotores de las casas ilegales de Catral para pagar a los afectados
El conseller de Territorio y Vivienda, Esteban González Pons, anunció ayer que dentro de las medidas cautelares por la construcción en la huerta de Catral de más de 1.200 viviendas ilegales en tres millones de metros cuadrados de suelo no urbanizable, parte de ellos dentro de los límites del Parque Natural del Hondo, se procederá a la «identificación inmediata» de los promotores y constructores implicados, al objeto de iniciar todas las actuaciones sancionadoras y de protección de la legalidad que la Ley Urbanística Valenciana (LUV) establece.
Según el conseller, «vamos a identificar urgentemente a los responsables de las construcciones de las viviendas ilegales para proceder al embargo de sus bienes y así garantizar las indemnizaciones a los ciudadanos que compraron una vivienda de buena fe y ahora se encuentran con una vivienda ilegal, que podría incluso ser demolida».
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Orihuela denuncia a constructoras que importaron el «modelo Catral»
El Ayuntamiento de Orihuela ha presentado desde el año 2002 más de una veintena de denuncias por la vía penal contra construcciones ilegales en la huerta, sobre todo, concentradas en la pedanía de El Mudamiento, aunque también, aisladamente, en la zona de La Campaneta.
En algunos casos el Ayuntamiento de Orihuela, según fuentes del área de Urbanismo, ha añadido a las querellas el desacato a la autoridad por la rotura de precintos de las obras paralizadas por la brigada de inspección.
«Las mismas empresas» que «trabajan» en los términos colindantes de Callosa de Segura, Catral y Dolores, adquirieron en 2002 grandes superficies de terreno en la huerta de El Mudamiento. Comenzaron a construir y reparcelar suelo rústico. Estos empresarios apostaron por «probar» a ver si podían «sistematizar» su procedimiento de otros municipios en Orihuela. La mayoría de las casas se terminaron y vendieron.
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Los otros catrales de la C. Valenciana
La intervención por parte del Consell de las competencias urbanísticas de Catral chirría con la realidad valenciana, sólo en esta provincia existen, al menos, 26.000 viviendas por legalizar, según una primera estimación realizada por Levante-EMV ayer. En 2003 el hasta hace poco conseller de Territorio, Rafael Blasco, anunció lo que hasta hace 48 horas ha sido política oficial del Consell: «legalizar, donde se pueda», los chalés construidos irregularmente.
El que hasta hace unas semanas era conseller de Territorio, Rafael Blasco, anunció en diciembre de 2003, casi una década después de la llegada del PP al gobierno de la Generalitat Valenciana, que era voluntad del Consell «legalizar donde se pueda» los miles de chalés irregulares construidos.
Blasco fue diligente en su tarea, aunque su relevo le impidió concluirla: sólo en la provincia de Valencia al menos 26.000 viviendas situadas en decenas de municipios continúan sin legalizar o, como mucho, en un proceso de legalización que difícilmente será tan traumático como el de Catral, donde el Consell ha intervenido las competencias municipales.
Recientemente la Conselleria de Territorio y Vivienda ha autorizado al Ayuntamiento de Albaida, gobernado por el PP, una modificación del nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) que permitirá reclasificar cualquier terreno del término municipal, incluido aquel que cuente con alguna protección especial.
La desprotección del término municipal de Albaida se produjo instancias del propio alcalde del municipio, Juan José Beneyto, y facilitará, además de la construcción de nuevas urbanizaciones, la legalización de todo lo construido ilegalmente en los últimos años.
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La Marjalería de Castelló triplica las viviendas ilegales de Catral
Las 4.000 viviendas ilegales que el Ayuntamiento de Castelló y la Conselleria de Territorio consienten en el humedal protegido de la Marjalería triplican las 1.270 casas sin licencia detectadas en Catral, circunstancia que ha utilizado el Consell para quitar las competencias urbanísticas a un ayuntamiento gobernado por el PSPV.
A pesar de la proliferación de construcciones en suelo protegido durante los últimos 14 años, la Generalitat no ha planteado en ningún momento retirar el control urbanístico del gobierno local del PP. Más bien al contrario, la conselleria no ha hecho más que respaldar públicamente las controvertidas operaciones urbanísticas del alcalde de la capital de la Plana, Alberto Fabra.
No pasa desapercibido que el PP ha preferido mirar hacia otro lado y no ha derribado ninguna de las viviendas construidas de forma ilegal en la Marjalería durante los últimos años. De hecho, en la memoria política del gobierno local sigue presente que la promesa de no derribar las construcciones ilegales decantó los comicios electorales de 1991 en favor del candidato popular, José Luis Gimeno.
Su compromiso era elaborar un plan especial para legalizar las viviendas alzadas en suelo protegido hasta esa fecha. Pese a ello, dicho proyecto aún no se ha ejecutado y las edificaciones se han multiplicado durante más de una década.
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La Fiscalía investiga ocho delitos urbanísticos y ha denunciado 20 ante el juez
La Fiscalía de Valencia investiga en estos momentos ocho denuncias por delitos urbanísticos cometidos en distintas poblaciones valencianas. No obstante, ha denunciado de oficio otras 20, que están siendo instruidas en diversos juzgados.
No obstante, en 2005, resolvió 123 expedientes relativos a delitos urbanísticos y todos los pendientes de 2004, que eran 31. Así, el pasado año, la Fiscalía de Valencia interpuso 80 denuncias, de las que 43 estaban relacionadas con la ordenación del territorio, según informó en abril el fiscal jefe de la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), Ricard Cabedo.
Según fuentes del portavoz de esta Fiscalía, Joaquín Baños, «a fecha de ayer se habían incoado en la Fiscalía de Valencia 37 diligencias por delitos urbanísticos». De ellas, ocho diligencias siguen en trámite; ocho se han archivado directamente porque no había indicios de delito, y 20 se han mandado a diferentes juzgados, al apreciarse indicios de delitos durante las diligencias de investigación. La restante fue remitida a la Fiscalía de Castelló, porque los hechos se referían a esta provincia. A ello hay que añadir cuatro diligencias incoadas por irregularidades imputadas a funcionarios u órganos públicos relacionadas con la actividad urbanística. De éstas, dos están en los juzgados y una de ellas se archivó antes del verano, la del alcalde de Tavernes de Valldigna (PP). Esta información fue facilitada en abril por Ricard Cabedo, tras una orden del fiscal general, Cándido Conde-Pumpido, que solicitó la relación de «actuaciones por irregularidades imputadas a funcionarios u órganos de la administración pública relacionados con la actividad urbanística».
Más en levante / EMV
Miles de casas ilegales en decenas de municipios
La proliferación de viviendas ilegales es una realidad palpable en el urbanismo valenciano. El fenómeno no es nuevo y se extiende de norte a sur de la Comunidad Valenciana. Sea en la costa, en el interior o en plena huerta, se han levantado a partir de los noventa miles de casas, en suelo no urbanizable y sin licencia. Municipios como Orihuela, gobernado por el PP, acumulan más de 30.000 casas irregulares. El Consell ha tomado cartas en el asunto y ha intervenido las normas urbanísticas de Catral, gobernado por el PSPV, con un número de casas ilegales menor que el caso oriolano. La suspensión de las competencias urbanísticas por primera vez en la historia a un Ayuntamiento ha motivado una reunión urgente del Colegio de Arquitectos de la Comunidad Valenciana.
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Según el conseller, «vamos a identificar urgentemente a los responsables de las construcciones de las viviendas ilegales para proceder al embargo de sus bienes y así garantizar las indemnizaciones a los ciudadanos que compraron una vivienda de buena fe y ahora se encuentran con una vivienda ilegal, que podría incluso ser demolida».
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Orihuela denuncia a constructoras que importaron el «modelo Catral»
El Ayuntamiento de Orihuela ha presentado desde el año 2002 más de una veintena de denuncias por la vía penal contra construcciones ilegales en la huerta, sobre todo, concentradas en la pedanía de El Mudamiento, aunque también, aisladamente, en la zona de La Campaneta.
En algunos casos el Ayuntamiento de Orihuela, según fuentes del área de Urbanismo, ha añadido a las querellas el desacato a la autoridad por la rotura de precintos de las obras paralizadas por la brigada de inspección.
«Las mismas empresas» que «trabajan» en los términos colindantes de Callosa de Segura, Catral y Dolores, adquirieron en 2002 grandes superficies de terreno en la huerta de El Mudamiento. Comenzaron a construir y reparcelar suelo rústico. Estos empresarios apostaron por «probar» a ver si podían «sistematizar» su procedimiento de otros municipios en Orihuela. La mayoría de las casas se terminaron y vendieron.
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La intervención por parte del Consell de las competencias urbanísticas de Catral chirría con la realidad valenciana, sólo en esta provincia existen, al menos, 26.000 viviendas por legalizar, según una primera estimación realizada por Levante-EMV ayer. En 2003 el hasta hace poco conseller de Territorio, Rafael Blasco, anunció lo que hasta hace 48 horas ha sido política oficial del Consell: «legalizar, donde se pueda», los chalés construidos irregularmente.
El que hasta hace unas semanas era conseller de Territorio, Rafael Blasco, anunció en diciembre de 2003, casi una década después de la llegada del PP al gobierno de la Generalitat Valenciana, que era voluntad del Consell «legalizar donde se pueda» los miles de chalés irregulares construidos.
Blasco fue diligente en su tarea, aunque su relevo le impidió concluirla: sólo en la provincia de Valencia al menos 26.000 viviendas situadas en decenas de municipios continúan sin legalizar o, como mucho, en un proceso de legalización que difícilmente será tan traumático como el de Catral, donde el Consell ha intervenido las competencias municipales.
Recientemente la Conselleria de Territorio y Vivienda ha autorizado al Ayuntamiento de Albaida, gobernado por el PP, una modificación del nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) que permitirá reclasificar cualquier terreno del término municipal, incluido aquel que cuente con alguna protección especial.
La desprotección del término municipal de Albaida se produjo instancias del propio alcalde del municipio, Juan José Beneyto, y facilitará, además de la construcción de nuevas urbanizaciones, la legalización de todo lo construido ilegalmente en los últimos años.
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Las 4.000 viviendas ilegales que el Ayuntamiento de Castelló y la Conselleria de Territorio consienten en el humedal protegido de la Marjalería triplican las 1.270 casas sin licencia detectadas en Catral, circunstancia que ha utilizado el Consell para quitar las competencias urbanísticas a un ayuntamiento gobernado por el PSPV.
A pesar de la proliferación de construcciones en suelo protegido durante los últimos 14 años, la Generalitat no ha planteado en ningún momento retirar el control urbanístico del gobierno local del PP. Más bien al contrario, la conselleria no ha hecho más que respaldar públicamente las controvertidas operaciones urbanísticas del alcalde de la capital de la Plana, Alberto Fabra.
No pasa desapercibido que el PP ha preferido mirar hacia otro lado y no ha derribado ninguna de las viviendas construidas de forma ilegal en la Marjalería durante los últimos años. De hecho, en la memoria política del gobierno local sigue presente que la promesa de no derribar las construcciones ilegales decantó los comicios electorales de 1991 en favor del candidato popular, José Luis Gimeno.
Su compromiso era elaborar un plan especial para legalizar las viviendas alzadas en suelo protegido hasta esa fecha. Pese a ello, dicho proyecto aún no se ha ejecutado y las edificaciones se han multiplicado durante más de una década.
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La Fiscalía investiga ocho delitos urbanísticos y ha denunciado 20 ante el juez
La Fiscalía de Valencia investiga en estos momentos ocho denuncias por delitos urbanísticos cometidos en distintas poblaciones valencianas. No obstante, ha denunciado de oficio otras 20, que están siendo instruidas en diversos juzgados.
No obstante, en 2005, resolvió 123 expedientes relativos a delitos urbanísticos y todos los pendientes de 2004, que eran 31. Así, el pasado año, la Fiscalía de Valencia interpuso 80 denuncias, de las que 43 estaban relacionadas con la ordenación del territorio, según informó en abril el fiscal jefe de la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), Ricard Cabedo.
Según fuentes del portavoz de esta Fiscalía, Joaquín Baños, «a fecha de ayer se habían incoado en la Fiscalía de Valencia 37 diligencias por delitos urbanísticos». De ellas, ocho diligencias siguen en trámite; ocho se han archivado directamente porque no había indicios de delito, y 20 se han mandado a diferentes juzgados, al apreciarse indicios de delitos durante las diligencias de investigación. La restante fue remitida a la Fiscalía de Castelló, porque los hechos se referían a esta provincia. A ello hay que añadir cuatro diligencias incoadas por irregularidades imputadas a funcionarios u órganos públicos relacionadas con la actividad urbanística. De éstas, dos están en los juzgados y una de ellas se archivó antes del verano, la del alcalde de Tavernes de Valldigna (PP). Esta información fue facilitada en abril por Ricard Cabedo, tras una orden del fiscal general, Cándido Conde-Pumpido, que solicitó la relación de «actuaciones por irregularidades imputadas a funcionarios u órganos de la administración pública relacionados con la actividad urbanística».
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Miles de casas ilegales en decenas de municipios
La proliferación de viviendas ilegales es una realidad palpable en el urbanismo valenciano. El fenómeno no es nuevo y se extiende de norte a sur de la Comunidad Valenciana. Sea en la costa, en el interior o en plena huerta, se han levantado a partir de los noventa miles de casas, en suelo no urbanizable y sin licencia. Municipios como Orihuela, gobernado por el PP, acumulan más de 30.000 casas irregulares. El Consell ha tomado cartas en el asunto y ha intervenido las normas urbanísticas de Catral, gobernado por el PSPV, con un número de casas ilegales menor que el caso oriolano. La suspensión de las competencias urbanísticas por primera vez en la historia a un Ayuntamiento ha motivado una reunión urgente del Colegio de Arquitectos de la Comunidad Valenciana.
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