Un estudio elaborado por la Asociación de Apartamentos Turísticos de la Costa Blanca (Aptur) revela que el 79,7% de las plazas turísticas en Benidorm no están reguladas, es decir, el alquiler se realiza al margen de las normas y cánones impuestos por la Administración para esta actividad. Tan sólo 19.087 plazas de las 92.044 existentes y que no corresponden a viviendas principales (de habitantes habituales) figuran en el registro de la Generalitat. El informe constata que en el último año en toda la región han disminuido en 4.000 unidades las plazas reguladas.
El trabajo ha comparado el censo de viviendas con el padrón de la principal ciudad turística de la Comunidad Valenciana.El descenso de las plazas regladas, una tendencia contraria al incremento de segundas viviendas y pisos de alquiler, demuestra, según los empresarios, cómo se está cometiendo "un fraude tolerado por la Administración autonómica".
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jueves, septiembre 14, 2006
Ibi: El Ayuntamiento tendría que pagar 18 millones por la paralización del Alamí
Miguel Ángel Agüera, portavoz municipal del gobierno del PP en Ibi, señaló ayer que la retirada de la condición de agente urbanizador a Las Generala y la paralización del proyecto de urbanización del Alamí le supondría al Ayuntamiento el pago de una indemnización mínima de 18 millones de euros. El dirigente popular indicó que la empresa tendría derecho a pedir esta compensación y señaló que los responsables de este gasto, en caso de producirse, serían los partidos de la oposición que han intentado paralizar el proyecto.
Dos días después del pleno en el que la oposición revocó el acuerdo sobre el Alamí, sigue abierta la polémica en torno a este proyecto de urbanización, que prevé la construcción de más de mil viviendas. Miguel Ángel Agüera insistía ayer en señalar las graves consecuencias económicas que podría tener para la corporación una posible paralización de esta iniciativa. El portavoz popular recordó que el convenio con la empresa La Generala esta aprobado en dos plenos y firmado. La marcha atrás, si se mantienen las teses de la oposición, obligaría a la empresa a recurrir a los tribunales y podría reclamar una indemnización que se situaría en torno a los 18 millones de euros, según estimaciones del PP. Esta dinero correspondería a la redacción del proyecto, a los intereses y al denominado lucro cesante; es decir el dinero que tenía previsto ganar la empresa y no ganará.
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Dos días después del pleno en el que la oposición revocó el acuerdo sobre el Alamí, sigue abierta la polémica en torno a este proyecto de urbanización, que prevé la construcción de más de mil viviendas. Miguel Ángel Agüera insistía ayer en señalar las graves consecuencias económicas que podría tener para la corporación una posible paralización de esta iniciativa. El portavoz popular recordó que el convenio con la empresa La Generala esta aprobado en dos plenos y firmado. La marcha atrás, si se mantienen las teses de la oposición, obligaría a la empresa a recurrir a los tribunales y podría reclamar una indemnización que se situaría en torno a los 18 millones de euros, según estimaciones del PP. Esta dinero correspondería a la redacción del proyecto, a los intereses y al denominado lucro cesante; es decir el dinero que tenía previsto ganar la empresa y no ganará.
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Orihuela: Medina pide prorrogar el plazo para entregar el PGOU a la juez
El alcalde José Manuel Medina ha solicitado al juzgado de Instrucción y Primera Instancia de Orihuela número 4 una prórroga al plazo dispuesto para entregar la documentación del PGOU que le solicitó la juez Lidia María Paloma. La magistrada investiga la vinculación del alcalde con promotores a los que se les ha adjudicado planes urbanísticos y el disfrute de Medina de bienes a nombre de algunos de esos promotores; como un chalé en la costa, un automóvil Bentley y un Audi 8.
El nuevo plazo expira el próximo lunes. La titular del citado juzgado solicitó a Medina el pasado 29 de agosto que en un plazo de diez días aportara toda la documentación relativa al Plan General de Ordenación Urbana de Orihuela y sus modificaciones vigentes desde 1990.
Lidia Paloma solicitó también todos los expedientes investigados en la causa abierta por un presunto delito relativo a la ordenación del territorio en el que el alcalde oriolano fue a declarar como imputado: Asomadas Norte y Sur (Joaquín Grau) y Molino de la Ciudad, Tierras Nuevas I y II (San Antonio).
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El nuevo plazo expira el próximo lunes. La titular del citado juzgado solicitó a Medina el pasado 29 de agosto que en un plazo de diez días aportara toda la documentación relativa al Plan General de Ordenación Urbana de Orihuela y sus modificaciones vigentes desde 1990.
Lidia Paloma solicitó también todos los expedientes investigados en la causa abierta por un presunto delito relativo a la ordenación del territorio en el que el alcalde oriolano fue a declarar como imputado: Asomadas Norte y Sur (Joaquín Grau) y Molino de la Ciudad, Tierras Nuevas I y II (San Antonio).
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Un alga invasora amenaza los fondos marinos alicantinos
El Servicio Provincial de Costas de Alicante ha detectado esta semana en Torrevieja la presencia de un alga invasora que amenaza los fondos marinos de Alicante. La caulerpa racemosa es una especie que se expande con mucha rapidez y que elimina la posidonia. No obstante, desde Costas se han tomado soluciones con celeridad y ayer ya se envió una lancha para que tratara de erradicar la media docena de manchas que han aparecido en Torrevieja. Fuentes cercanas a Medio Ambiente confirmaron a este diario que ayer mismo ya se «quitó» una de ellas y que en los próximos días se procederá a eliminar el resto.«El biólogo del Ayuntamiento detectó esta alga muy cerca de la costa. Se ha pasado por la zona un par de días con cámaras submarinas, pero las manchas están antes de las boyas, es decir, en la zona de baño». Ayer, un equipo accedió por primera vez a esa parte del mar y comenzó los trabajos de erradicación.
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San Miguel de Salinas: El colectivo vecinal denuncia al alcalde en la Fiscalía por 11 presuntos delitos urbanísticos
La Asociación de Vecinos de San Miguel de Salinas ha formalizado una denuncia ante la Fiscalía de la Audiencia Provincial por once casos de presuntos delitos por irregularidades urbanísticas contra el medio ambiente y la ordenación del territorio, en la que «podría ser autor de los hechos» el alcalde del PP, Ángel Sáez, y «otras personas».
Entre los asuntos más destacados, se pide la investigación de la actuación del «gobierno municipal que permite la construcción de un campo de golf en la finca de Lo Espartal con licencia para movimiento de tierras y construcción de vallado ilegal sobre suelo no urbanizable» y protegido, con la figura de Lugar de Interés Comunitario de Sierra de Escalona y Dehesa de Campoamor. Además, en la relación de presuntas anomalías se encuentra lo que describen como «la acción municipal tendente a favorecer la apropiación privada de la rambla que atraviesa», un plan urbanístico ahora en construcción, el SUS-A, «Los Invernaderos». La rambla ocupa siete hectáreas con un valor de mercado de suelo urbano de 37 millones de euros y ha sido incluida en el cómputo de aprovechamiento del plan.
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Entre los asuntos más destacados, se pide la investigación de la actuación del «gobierno municipal que permite la construcción de un campo de golf en la finca de Lo Espartal con licencia para movimiento de tierras y construcción de vallado ilegal sobre suelo no urbanizable» y protegido, con la figura de Lugar de Interés Comunitario de Sierra de Escalona y Dehesa de Campoamor. Además, en la relación de presuntas anomalías se encuentra lo que describen como «la acción municipal tendente a favorecer la apropiación privada de la rambla que atraviesa», un plan urbanístico ahora en construcción, el SUS-A, «Los Invernaderos». La rambla ocupa siete hectáreas con un valor de mercado de suelo urbano de 37 millones de euros y ha sido incluida en el cómputo de aprovechamiento del plan.
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San Vicente: Vecinos de El Tubo denuncian que polvo de una planta de Cemex contamina la zona
Tejados blanquecinos, coches sucios, árboles y plantas llenas de polvo y porches embarrados. Ese es el panorama urbano en el que viven unos cuarenta vecinos del barrio El Tubo en San Vicente del Raspeig. La situación les ha empujado a denunciar ante el Ayuntamiento lo que consideran una contaminación evidente de una zona residencial. El origen lo sitúan en una de las plantas que Cemex tiene en la localidad -Hormicemex- que está situada a escasos metros de unas viviendas.
Los vecinos se quejan del exceso de suciedad, que afecta sobre todo a la calle Córdoba, y exigen a la empresa que coloque filtros más precisos para evitar los vertidos a la atmósfera. Además piden a la alcaldesa, Luisa Pastor, que tome cartas en el asunto ante la negativa de la firma a solucionar la situación. «Nos dicen que no nos preocupemos, que van a intentar que no salga tanto y que los filtros vienen de fuera y no pueden cambiarlos todos los días», explica uno de los afectados.
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Los vecinos se quejan del exceso de suciedad, que afecta sobre todo a la calle Córdoba, y exigen a la empresa que coloque filtros más precisos para evitar los vertidos a la atmósfera. Además piden a la alcaldesa, Luisa Pastor, que tome cartas en el asunto ante la negativa de la firma a solucionar la situación. «Nos dicen que no nos preocupemos, que van a intentar que no salga tanto y que los filtros vienen de fuera y no pueden cambiarlos todos los días», explica uno de los afectados.
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Tocamos a un bar por cada 137 valencianos, más que los madrileños
No es para menos. Hay un bar o restaurante por cada 137 personas. En Alicante, la media baja hasta las 120 personas y en Valencia sube a 159.
Estamos un poco por encima de la media española (115 personas por bar), pero no tenemos que estar tan amontonados como los madrileños (170 por establecimiento) o los catalanes (143), según el Anuario económico 2006, de La Caixa.
En relación con 2004 (se publicó el anuario anterior), es en la población alicantina de Benijófar donde más ha crecido el número de bares de toda la Comunitat, un 211% (tienen 28 bares).
Por otra parte, los valencianos gastamos entre 129 y 134 euros al mes en comida (incluyendo tabaco, alcohol y bebidas no alcohólicas), por debajo de San Sebastián, con 172 euros al mes. En ropa y calzado, los alicantinos se dejan 495 euros al año y los valencianos, 435.
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Estamos un poco por encima de la media española (115 personas por bar), pero no tenemos que estar tan amontonados como los madrileños (170 por establecimiento) o los catalanes (143), según el Anuario económico 2006, de La Caixa.
En relación con 2004 (se publicó el anuario anterior), es en la población alicantina de Benijófar donde más ha crecido el número de bares de toda la Comunitat, un 211% (tienen 28 bares).
Por otra parte, los valencianos gastamos entre 129 y 134 euros al mes en comida (incluyendo tabaco, alcohol y bebidas no alcohólicas), por debajo de San Sebastián, con 172 euros al mes. En ropa y calzado, los alicantinos se dejan 495 euros al año y los valencianos, 435.
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El PP quiere jugar en casa
El anuncio de la presentación de la moción de censura le ha permitido a Ignasi Pla marcar la agenda política en este inicio de curso y ha descolocado al PP cuyo calendario, de aquí a las elecciones, estaba diseñado, fijado y establecido. El esquema que manejaban los populares era tan rígido que no contemplaba la aparición de elementos diferentes a los que ellos utilizaban. La primera respuesta a la iniciativa del líder socialista demostró hasta qué punto el desconcierto se había instalado en el Consell. Cuando Francisco Camps dijo aquello de "si pierdo yo, me iré; pero si pierde él que se vaya", cometió dos errores. Por un lado, colocó a Ignasi Pla a su mismo nivel institucional. De otro, el presidente ignoraba -o quería ignorar- que si perdía la votación (harto improbable) no se iba, más bien lo echaban; cosa que aún siendo parecida no es exactamente igual. Esa fue la primera señal de la confusión que se instaló en el PP.
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Hacienda multó al Ivex al no justificar los pagos a la empresa ligada a Julio Iglesias
La economía del Instituto Valenciano de la Exportación (IVEX) salió doblemente fastidiada con los pagos a la empresa Midway International en relación con el concierto que Julio Iglesias ofreció en México DF, en abril de 1999, el que cerraba la gira de seis para promocionar presuntamente los productos valencianos en el mundo. Primero porque el IVEX pagó 980.321 dólares por la organización del espectáculo musical, cuando la firma irlandesa no gastó un centavo ni dedicó un segundo a aquel montaje, según se desprende de la documentación entregada recientemente por el ex delegado del organismo público en México, Vicente Sendra Aparisi. Pero, en segundo lugar, las cuentas del instituto ni siquiera tuvieron el alivio de beneficiarse de la preceptiva deducción fiscal por unos gastos que se hicieron dentro del capítulo de promoción exterior, exactamente la actividad que le es propia al IVEX. Porque los pagos se hicieron. Concretamente, en nueve cheques de Bancaja emitidos entre abril y mayo de 1999. Lo que no está nada claro es que esos pagos respondieran a servicios efectivamente prestados por Midway. Por eso, la Agencia Tributaria no aceptó que el IVEX se dedujera fiscalmente esos 980.321 dólares (cantidad equivalente a 163.413.345 pesetas al cambio de la época), por falta de justificantes que demostraran que los trabajos cobrados se hicieron.Sigue leyendo en Diario Información
Admitidos los recursos de La Mancha y Aragón contra el Estatuto valenciano
El Tribunal Constitucional acordó ayer admitir a trámite los recursos presentados por los gobiernos de Aragón y Castilla-La Mancha contra el Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana, según informa el propio TC. En concreto, los recursos cuestionan el artículo 20 de la nueva Carta Magna de la Comunidad, que reserva para los valencianos el derecho al agua de las cuencas excedentarias. Con la admisión a trámite, el alto Tribunal da traslado de la demanda y documentos presentados al Congreso de los Diputados y al Senado, por conducto de sus presidentes, y al Gobierno, a través del Ministro de Justicia, para que en el plazo de 15 días puedan personarse en el proceso y formular las alegaciones que consideren convenientes.
Asimismo, traslada al Consell y a las Cortes de la Comunidad Valenciana la admisión a trámite para que puedan también presentar las alegaciones que entiendan oportunas. El Constitucional acordó asimismo publicar la incoación del recurso en el Boletín Oficial del Estado y en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
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Asimismo, traslada al Consell y a las Cortes de la Comunidad Valenciana la admisión a trámite para que puedan también presentar las alegaciones que entiendan oportunas. El Constitucional acordó asimismo publicar la incoación del recurso en el Boletín Oficial del Estado y en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
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miércoles, septiembre 13, 2006
26 Agosto: El Rainbow Warrior denuncia en Altea las obras ilegales del puerto deportivo Luis Campomanes
Activistas de Greenpeace se han lanzado al agua junto a las obras portando una pancarta en la que puede leerse “NO DESTRUYAS NUESTRO MEDITERRÁNEO” para denunciar la ilegalidad que está cometiendo esta empresa al reanudar las obras que ya fueron paralizadas por incumplir los condicionantes ambientales impuestos tanto por
El Rainbow Warrior lleva más de dos meses recorriendo el Mediterráneo con la campaña “En defensa de nuestro mediterráneo” denunciando las mayores amenazas que sufre este mar y demandando la creación de una red de reservas marinas que proteja de forma efectiva sus ecosistemas más valiosos, tales como la extensa pradera de Posidonia oceanica que sobrevive junto a este puerto deportivo, una especie que goza del máximo nivel de protección a nivel europeo.
“Estamos ante un ejemplo más de desobediencia, quién sabe si permitida, a las administraciones ambientales. Es intolerable que Marina Greenwich haya reanudado las obras ilegalmente y esté destruyendo una excelente pradera de Posidonia sin que ninguna autoridad lo impida. Las obras deben ser detenidas inmediatamente” ha declarado María José Caballero, responsable de la campaña de Costas de Greenpeace.
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La Vila: El promotor retoma el derribo del Atrium tras paralizarlo dos meses
La promotora del Atrium Beach de La Vila Joiosa retomará los trabajos de demolición parcial del hotel la próxima semana cuando hace ya dos meses que debía estar concluída la primera fase. La eliminación de las dos plantas altas, una visible y otra de forjado, prevé acabar en siete semanas, según informó el portavoz de la empresa, Javier García, cuatro meses después de lo previsto debido a problemas técnicos y tras un paréntesis por la temporada turística.
Quedará todavía por demoler el edificio de planta circular construido entre los apartamentos del complejo para dar por concluída la primera etapa del derribo, y aún habrá que esperar a febrero del próximo año, según estima la empresa, para que se dé por terminada la demolición con la supresión de otros espacios comunes, áreas de servicios, despachos de administración, zonas de ocio y habitaciones.
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Quedará todavía por demoler el edificio de planta circular construido entre los apartamentos del complejo para dar por concluída la primera etapa del derribo, y aún habrá que esperar a febrero del próximo año, según estima la empresa, para que se dé por terminada la demolición con la supresión de otros espacios comunes, áreas de servicios, despachos de administración, zonas de ocio y habitaciones.
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Dolores: El PSOE acusa al equipo del PP «de vender el pueblo» para poder pagar los sobrecostes
El grupo municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Dolores acusa en un escrito al equipo de Gobierno, con mayoría PP, de «vender el pueblo» y el patrimonio municipal de suelo por valor de más de un millón de euros para pagar «sobrecostes», debido al «despilfarro» con que «viene actuando el partido popular y sus acólitos (Grupo Independiente) en el Ayuntamiento».
El destino ingresado por la venta del patrimonio municipal de suelo ha sido, según explica la portavoz municipal del PSOE, Zoraida Zarmiento, para el pago de los sobrecostes del actual edificio que acoge el Ayuntamiento, al campo de fútbol, la feria de ganado, actuaciones musicales y facturas de celebraciones de distinta índole.
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El destino ingresado por la venta del patrimonio municipal de suelo ha sido, según explica la portavoz municipal del PSOE, Zoraida Zarmiento, para el pago de los sobrecostes del actual edificio que acoge el Ayuntamiento, al campo de fútbol, la feria de ganado, actuaciones musicales y facturas de celebraciones de distinta índole.
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Las alegaciones al Sabinar denuncian que la Cañada Real se convertirá en carril bici
Sólo dos colectivos han presentado alegaciones contra el proyecto de urbanización y reparcelación del plan del Sabinar, donde está previsto levantar una urbanización de más de 600 viviendas, un campo de golf y un hotel. Uno de ellos es Grema Ecologistes en Acción. En la documentación que este grupo ha presentado ante el Ayuntamiento de San Vicente del Raspeig alertan de las «usurpaciones» que la promotora ha realizado de la vía pecuaria que atraviesa el sector.
Según denuncian, el proyecto contempla colocar un carril bici a lo largo de un tramo de la Cañada Real, incluso en los accesos al sector que quedan fuera del ámbito del PAI. Grema alude a la contradicción que esto supone con varios artículos de la ley 3/1995 de 23 de marzo sobre vías pecuarias. «Consideramos que el urbanizador no es competente para gestionar un bien público ni dentro ni fuera del sector», alegan. Además insisten en que se trata de otra ilegalidad y se quejan de que las administraciones públicas no hagan caso de una situación que califican de «sonrojante» por considerarla un «grave atentando» contra el patrimonio medioambiental.
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Según denuncian, el proyecto contempla colocar un carril bici a lo largo de un tramo de la Cañada Real, incluso en los accesos al sector que quedan fuera del ámbito del PAI. Grema alude a la contradicción que esto supone con varios artículos de la ley 3/1995 de 23 de marzo sobre vías pecuarias. «Consideramos que el urbanizador no es competente para gestionar un bien público ni dentro ni fuera del sector», alegan. Además insisten en que se trata de otra ilegalidad y se quejan de que las administraciones públicas no hagan caso de una situación que califican de «sonrojante» por considerarla un «grave atentando» contra el patrimonio medioambiental.
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Facturas Falsas: El Ivex pagó a la firma ligada a Julio Iglesias seis veces el coste del recital que no organizó
El concierto que Julio Iglesias ofreció en el Auditorio Nacional de México, el 10 de abril de 1999, se montó para compensar la ausencia injustificada del cantante a la feria del calzado de Las Vegas (Las Vegas Western Shoe Fair), compromiso que tenía adquirido en el contrato firmado con el Instituto Valenciano de la Exportación (IVEX).
Este recital fue el último de la gira y su montaje tenía que salir gratis total, en virtud del acuerdo que rubricó el ex delegado del organismo público en México, Vicente Sendra, con la empresa Rac Producciones. De este modo, ésta asumía los costes de organización a cambio de que el IVEX le cediera los derechos del artista y la explotación del espectáculo cobrando entrada.
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Este recital fue el último de la gira y su montaje tenía que salir gratis total, en virtud del acuerdo que rubricó el ex delegado del organismo público en México, Vicente Sendra, con la empresa Rac Producciones. De este modo, ésta asumía los costes de organización a cambio de que el IVEX le cediera los derechos del artista y la explotación del espectáculo cobrando entrada.
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